Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha fue presentado un incidente de desacato contra el presidente de la república Juan Manuel Santos, por no acatar el fallo de tutela en el que se le ordenó escoger y designar alcalde encargado para la capital guajira, en reemplazo del detenido Fabio Velásquez Rivadeneira, quien es investigado por presuntas irregularidades en la contratación del PAE.
El fallo en el que se le ordenó al mandatario escoger alcalde para Riohacha, fue el 31 de octubre del 2017 y se le dio plazo de un mes para estudiar las hojas de vida de los ternados enviados por Cambio Radical, partido que avaló a Velásquez cuando fue elegido.
Los accionantes Keiler Daniel Torres Becerra y José Manuel Dávila Peña piden al tribunal adoptar las medidas necesarias, conducentes y eficaces para que Santos proceda a nombrar alcalde sin ninguna dilación.
Igualmente solicitan traslado del expediente a la Comisión de Acusaciones del Congreso para que se inicie la correspondiente investigación contra el presidente por posible autoría intelectual y material de los delitos de prevaricato y fraude a resolución judicial.
En noviembre del año pasado Cambio Radical envió una carta a la secretaría General de la Presidencia, en la que pedía explicaciones al Gobierno por la 'dilación' para nombrar el alcalde encargado de Riohacha.
El documento, firmado por Jorge Enrique Vélez, director de este partido, pide explicación de por qué desde el pasado 25 de mayo del 2017, cuando se envió la terna para que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, eligiera al nuevo alcalde encargado de esa ciudad, no lo ha hecho.
Los nombres que inicialmente se pusieron a consideración del mandatario nacional, fueron los de Gerson Jair Castillo Daza, Sirlene Yaritza Posaza Zubiría y Miguel Francisco Pitre Ruiz, pero fue devuelta por el ministerio del Interior. Posteriormente se reemplazaron dos de los integrantes por Alexa Henríquez y Miguel Pugliese.
Actualmente al frente de la administración distrital se encuentra Isseth Tatiana Barros, quien fue encargada por el presidente a través del Decreto 652 del 19 de abril del año pasado.
Fabio Velásquez Rivadeneira, además de ser investigado por la Fiscalía, fue destituido e inhabilitado por espacio de 12 años, por la Procuraduría General de la Nación.
