El fiscal 28 Anticorrupción, Carlos Castañeda, durante la imputación de cargos contra la ex gobernadora de La Guajira Oneida Pinto aseguró ayer que ella 'era la dueña, ama y señora de la contratación irregular en el municipio de Albania', ya que al menos durante la última década 'gobernó y aún gobierna en cuerpo ajeno en Albania y otras regiones de La Guajira'.
Explicó el delegado del ente investigador que lo que ocurrió con los convenios 008 y 041 de 2011, que tenían como objeto la reducción de la mortalidad infantil por una suma de $18.990 millones, fue que subcontrataron a 1.459 personas para que votaran por Pinto en su segunda aspiración a la Alcaldía de Albania. Le pagaron a cada uno cerca de $500.000, pero registraban que les cancelaban $1,8 millones para sustraer los dineros públicos.
Los delitos imputados a la exmandataria son los de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.
A su llegada al complejo judicial de Paloquemao, Oneida Pinto le dijo a EL HERALDO: 'Estoy tranquila, no tengo nada que temer'.
La investigación
Ante el Juez 35 de Control de Garantías de Bogotá, en la audiencia en la que participaba la procuradora delegada Mónica Sánchez y el defensor de la exmandataria, Jorge Mina, el fiscal Castañeda comenzó advirtiendo: 'Tengo que rechazar que la señora Oneida Pinto haya dicho que está siendo procesada porque es mujer, es indígena y es guajira'.
Acto seguido, al identificar a la imputada, como lo ordena la ley, señaló que la dirigente guajira, expulsada de Cambio Radical, nació en Maicao el 16 de mayo de 1969, es separada, es trabajadora social con maestría en liderazgo de administración en España, fue alcaldesa de Albania en dos ocasiones, 2004 y 2011, y gobernadora de La Guajira en 2015.
Y añadió: 'Pinto se casó con su jefe de seguridad Pablo Parra, y este la representaba en los Consejos de Seguridad en Albania, teniendo acceso así a toda información reservada del Municipio. Hoy en día Pablo Parra es el alcalde de Albania'.
La investigación del ente acusador, explicó, se inició el 20 de octubre de 2011 cuando la Fiscalía recibió una denuncia anónima en la que se ponía de presente que había un contrato para la reducción de la mortalidad infantil y se había subcontratado a varias personas a las que les pagaban menos de lo que decía el contrato.
'Solo se subcontrataba a personas con cédulas inscritas en Albania, para que votaran por Oneida Pinto para alcaldesa. Y los funcionarios de Albania debían votar por Oneida Pinto o eran desvinculados', describió Castañeda.
Precisó el fiscal que las presuntas irregularidades se habrían presentado en los convenios 008 y 041 de 2011, suscritos entre la Alcaldía y el Hospital San Rafael.
'Este contrato multimillonario era el más importante de la Alcaldía de Albania, en cabeza de Yan Keller Hernández, en esa vigencia. Émerson Pinto, exsecretario de Salud de Albania y familiar de Oneida Pinto, debía dar el visto bueno al contrato. El exalcalde Hernández y el exsecretario Pinto ya han sido judicializados, y la contratista del hospital, Cleofe Piedra, está prófuga. El interventor del contrato, Carlos Arturo Gómez, tiene casa por cárcel en este proceso. Y los 10 subcontratistas que a su vez subcontrataron a 1.459 personas para votar por Oneida Pinto, la mayoría han sido judicializados y ya hay juicios fiscales en la Contraloría al respecto', señaló el delegado al describir ante el juez el panorama de la situación jurídica de los demás implicados.
Ama de contratos
Por ello, el fiscal, dirigiéndose a Pinto, le advirtió: 'Consideramos que usted, señora Oneida Pinto, determinó que se tramitaran estos convenios indebidamente. La Fiscalía tiene declaraciones de los propios subcontratados, y los mismos actuarán de testigos en el juicio. Usted daba las órdenes y tomaba las decisiones, indicaba a quiénes subcontratar, era dueña, ama y señora de la contratación'.
También puso de presente que el exalcalde Hernández fue el jefe de seguridad de Pinto cuando fue alcaldesa por primera vez. '¿Cómo pudo un simple ciudadano del común como Hernández derrotar a avezados políticos? Por el poder económico y político de Pinto. Oneida Pinto y su esposo, Pablo Parra, eran y son los dueños de Albania. Los procesos contractuales de Albania eran manejados por Pinto, ella recibía la mayor tajada, ese fue el compromiso con Hernández'.
Y concluyó que, 'de hecho, Oneida Pinto sigue teniendo el poder político de Albania y de varias regiones de La Guajira. Ella gobierna en cuerpo ajeno'.
En cuanto al punible de peculado, el fiscal lo tasó en $6.591 millones, que salen de $6.243 millones no justificados dentro de los convenios 008 y 041 de 2011, $3.769 millones por doble contratación en el programa de salud mental, $148 millones de diferencia entre lo contratado y lo pagado y $195 millones de apropiación de dineros en el contrato de interventoría.
Castañeda se dolió de que 'lo peor de todo es que el objeto del contrato, que era la reducción de la mortalidad infantil, no se cumplió', ya que, además, 'también se falsificaron actas en las que constaba que se había cumplido el objeto del contrato, lo cual nunca fue así'.
Aplazada audiencia
La audiencia se aplazó para hoy a las 9 de la mañana luego de que el fiscal pusiera de presente que el defensor de Pinto, Jorge Mina, estaba defendiendo también a cuatro testigos de la Fiscalía contra Pinto, por lo cual se divisaba un conflicto de intereses.
Por ello, la exgobernadora prescindió de los servicios de Mina y anunció, tras postergarse la audiencia hasta las 3:00 p.m., que su nuevo abogado era el exfiscal Luis Antonio González, señalado de haber introducido a los tres testigos falsos del caso Colmenares.
González, a su vez, pidió al juez un plazo para escuchar los audios de la imputación, hablar con su clienta y 'empaparse' del proceso. Lo propio hizo la misma Pinto, quien advirtió que 'aquí está en juego mi vida y por eso le pido, señor juez, que respete mi derecho a la defensa'.
Con la solicitud estuvieron de acuerdo el fiscal y la delegada de la Procuraduría, previniendo así el riesgo de que en una etapa posterior hubiera lugar a declarar una nulidad por haberse supuestamente vulnerado el derecho a la defensa.
