El Heraldo
Interior de una sede de Nueva EPS en el país. Archivo
Judicial

Nueve implicados en desfalco a Nueva EPS aceptan cargos

Cuatro imputados fueron enviados a la cárcel, otros cuatro fueron cobijados con detención domiciliaria y uno quedó con medida no privativa de la libertad. 

Por el desfalco por $1.261 millones a Nueva EPS en Barranquilla, el juzgado 10 penal municipal ordenó la detención en la Cárcel Modelo de cuatro implicados: Luis Pedrozo Álvarez, empleado de la empresa; Rafael Romano Núñez, extrabajador, y los hermanos Jairo y Jorge Rodríguez Yusti. 

Con medidas de aseguramiento domiciliarias fueron cobijados Fabián Hernández Cera, Nubia Charris Coronell, Engel Becerra Jimeno y Janny Bastidas Ríos. 

Y a Cristian Viloria Ortega, quien se presentó ante las autoridades, le fue proferida medida no privativa de la libertad por ser mayor de 65 años, tiene 69. 

El juez Manuel López Noriega le impuso sin embargo al anciano la obligación de comparecer cada vez que las autoridades lo requieran, tener buen comportamiento social y no comunicarse con los demás imputados. 

Aceptan cargos

En audiencias concentradas realizadas entre el miércoles y la madrugada de este viernes –con recesos–, los siete hombres y las dos mujeres se allanaron a cargos por concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada y violación de datos personales. 

“Se habrían concertado para defraudar el sector salud en Barranquilla”, señaló la Fiscalía en un comunicado sobre el caso. 

Los involucrados fueron capturados la noche del martes por funcionarios del CTI, en siete allanamientos en los que se incautaron medicamentos y talonarios de fórmulas médicas. 

Según las pesquisas, investigadores de delitos contra el sistema de salud y seguridad social detectaron que la red defraudó a Nueva EPS con facturas falsas de medicamentos de alto valor  para el tratamiento de enfermedades como el cáncer de próstata, la leucemia y la artritis reumatoide. 

“A través de esas facturas se le expropian (medicinas) al sistema, (las cuales) entran a manos de particulares y en un mercado secundario de medicinas de alto costo, privilegian el bolsillo de servidores de la seguridad social”, explicó en rueda de prensa el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínes, en Bogotá. 

Desde adentro

En la indagación se recopilaron 269 autorizaciones fraudulentas que tienen fechas desde enero del año pasado a diciembre de este año, a nombre de 38 pacientes, con que se le expropiaron del sistema de salud 6.123 dosis de medicamentos avaluadas en $1.261 millones. 

Nueva EPS indicó en un comunicado que “desde comienzos del 2015 la compañía detectó inconsistencias en la solicitud, autorización y entrega de medicamentos, que estarían afectando los recursos que maneja”. La entidad, a través de un representante, denunció el año pasado la defraudación. 

Con la aceptación de cargos quedó demostrado que la estructura, liderada por los funcionarios Pedrozo y Romano –lo era para la fecha de los hechos–, obtenía autorizaciones oficiales de Nueva EPS para la entrega de medicamentos costosos

“La organización se basaba en la obtención de datos de usuarios de la EPS para luego presentar o radicar las historias clínicas y fórmulas o prescripciones médicas falsas”, concluyeron los investigadores. 

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