Hacías las 3:30 de la tarde de ayer finalizaron los operativos simultáneos que agentes del CTI realizaron en las sedes de las alcaldías de Barranquilla, Soledad, Malambo, Campo de la Cruz y Sabanalarga, con el fin de recabar pruebas sobre presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), durante los años 2014 y 2015.

Los agentes se llevaron documentos relacionados con la contratación del programa en esos entes territoriales.

“Revisaron cuales eran los reglamentos que existían y todo lo relacionado con esos contratos. Mucha de esa información estaba contenida en espacios digitales, como computadores y discos. En el caso de Barranquilla, fue objeto de allanamiento la sala de sistemas”, dijo una fuente.

Las diligencias se hicieron con base a seis informes de la Contraloría General de la República, que encontró 73 casos que podrían tener incidencia disciplinaria y penal. Tras ese informe la Fiscalía dio inicio a la investigación priorizada desde Bogotá.

Uno de esos informes está relacionado con la devolución de recursos no apropiados y la supervisión de los lineamientos del PAE en el Atlántico.

Los hechos indagados se registraron cuando Gina Parodi era la ministra de Educación y José Carlos Herrera y Dagoberto Barraza eran los secretarios Educación Distrital, en 2014 y 2015, respectivamente.

Barraza tiene detención domiciliaria por presuntamente haber incurrido en conductas punibles en la celebración de contratos del PAE en Atlántico en 2016.

Junto a Barraza se encuentran también investigados el funcionario de la Gobernación del Atlántico Emil Pacheco y los contratistas Félix Barrios Ballestas y Uriel Reyes.

Habló Pumarejo

 Sobre la visita de la Fiscalía a la Alcaldía de Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo indicó que conoce poco del tema, porque el periodo que se investiga no es el actual y que este tipo de indagaciones ocurren de manera frecuente.

“Todos los días nosotros atendemos a las autoridades judiciales, organizaciones no gubernamentales, a los entes de control sobre procesos que ellos tienen abiertos”, aseguró Pumarejo.

Agregó que así como hoy atienden a la Fiscalía, la administración está dispuesta a mejorar y a garantizar procesos de la mano de los entes que los vigilan.

“Es una diligencia para pedir documentos y de trámites que vienen en curso.