CTI recaptura a hombre que se había fugado del Centro de Servicios Judiciales

Estaba detenido en las carceletas del complejo judicial por la desaparición del comerciante Anthony Rivero.

Archivo EL HERALDO
Roger Hernández Martínez (derecha) durante una audiencia el pasado mes de julio. Archivo EL HERALDO
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Estaba detenido en las carceletas del complejo judicial por la desaparición del comerciante Anthony Rivero.

Con la salida ilegal de Roger Hernando Hernández Martínez de la carceleta de la URI de la Fiscalía, el pasado 17 de octubre, donde estaba detenido por la desaparición del joven comerciante de autos Anthony Rivero, quedó evidenciado un presunto acto de corrupción entre el personal de custodios de la referida dependencia judicial.

Hernández Martínez, de 40 años, había sido cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario el pasado 16 de julio por la juez sexta Carmen Blanco por la desaparición de Rivero. Le imputaron cargos por los delitos de secuestro extorsivo, amenaza, tortura y desaparición forzada, por los cuales estaba detenido en la carceleta del Centro de Servicios Judiciales. Sin embargo, en vez de estar cumpliendo con esa medida de aseguramiento, estaba libre en la calle.

Fuga de presos.  El pasado 18 de octubre, agentes del CTI de la Fiscalía recibieron una información de inteligencia en la cual se indicaba que Roger Hernández Martínez estaba fuera de la carceleta. El CTI estableció que se movilizaba en un taxi de placas WPW-178, y lo interceptaron a las 9:25 de la noche de ese día en el kilómetro 20 de la vía Juan Mina-Tubará.

Luego de leerles los derechos del capturado, el hombre fue llevado nuevamente a la Uri de la Fiscalía, de donde misteriosamente había escapado burlando la medida de aseguramiento que debía cumplir.

El sábado pasado se realizaron las audiencias concentradas públicas en contra de Roger Hernández Martínez por el punible de fuga de presos, en el juzgado 17 Penal Municipal con función de control de garantías, a cargo del juez Delio Nieto Omaña. En la audiencia la Fiscalía pidió la legalización de la captura, lo cual fue aceptado por el juez. La defensa del indiciado no presentó recursos.

El ente acusador le imputó el delito de fuga de presos, cargo al que Hernández no se allanó. En la diligencia judicial la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, lo cual fue ratificado por el juez quien afirmó que  “está clara la inferencia razonable de su autoría o participación teniendo en cuenta que posee una medida vigente y fue capturado distante del centro de reclusión, que la medida se torna necesaria y que la conducta fue netamente dolosa, por lo cual se oficiará al director de la cárcel distrital El Bosque para materializar esta medida”.

El juez pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía que investiguen quiénes son los funcionarios que permitieron la fuga de Hernández de la carceleta de la Uri.

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