Hacia las 4:30 de la tarde de este viernes 17 de abril finalizó el consejo de seguridad en el municipio de Baranoa, centro del Atlántico, el cual presidió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y en el que además participaron las cúpulas militar y de Policía, las entidades gubernamentales y los alcaldes de otras ocho poblaciones del Atlántico.
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El encuentro se prolongó por unas seis horas, teniendo en cuenta que empezó hacia las 10:30 de la mañana y hubo un espacio para el almuerzo y otras actividades, eso sí, en medio de un inmenso calor por falta de fluido eléctrico, debido a unas labores de mantenimiento de la compañía comercializadora de energía Air-e. Según lo que conoció este medio, una planta de energía fue usada en el centro de eventos Villa Zunilda para poder darle continuidad al consejo de seguridad.
Al cierre del mismo, el ministro de Defensa fue el encargado de entregar inicialmente las declaraciones a los medios de comunicación y arrancó con unos compromisos de seguridad que se habían alcanzado dentro de la reunión.
“Esta es la quinta reunión que realizamos, en la cual hemos adquirido 38 compromisos con un cumplimiento del 83 %. Durante este año ya hemos desarrollado dos consejos de seguridad, comunicó Sánchez”.
Sin embargo, de acuerdo con Mindefensa, la amenaza persiste en este territorio con un incremento en los homicidios y eso se debería a “los enfrentamientos entre bandas criminales, y a que muchas víctimas tienen antecedentes, lo que muestra patrones de reincidencia”.
“A pesar de estos esfuerzos, sigue persistiendo la amenaza, generando homicidios con incremento significativo en varios municipios”, reconoció.
En esa línea, el ministro Sánchez detalló que Los principales actores criminales del Atlántico se dividen en dos grupos: “Los más peligrosos como el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes, y otros 11 grupos delincuenciales con incidencia en seis municipios”.
Y reiteró que “buscan apoderarse de economías ilegales como el microtráfico, la extorsión y el contrabando”.
Dentro de las medidas adoptadas en el consejo de seguridad, de acuerdo con lo expuesto por Sánchez, se acordó fortalecer una línea de prevención articulada con el ICBF, la Gobernación, los mandos militares y la ciudadanía, para evitar que menores y jóvenes ingresen al mundo de la violencia.
Además, se revisará con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Dijín qué tan eficiente es el sistema judicial para evitar la reincidencia.
En cuanto al fortalecimiento de la inteligencia, Sánchez aseguró que se mejorará “la cápsula operacional con dos unidades adicionales de Policía Judicial, en articulación con la Dijín, Dipol y Gaula” y que “Las recompensas serán recategorizadas para facilitar la captura de criminales”.
Así mismo, comunicó que habrá unas inversiones en seguridad, entre esas se analizará el proyecto de construcción de una estación de Policía en Baranoa.

Voces de alcaldes
En este escenario, el alcalde de Polonuevo, Óscar Javier Avilés Oliva, advirtió en declaraciones a EL HERALDO que la situación de orden público se ha intensificado en un corredor que incluye municipios como Sabanalarga, Sabanagrande, Usiacurí y Juan de Acosta.
“Estamos viviendo un pico de violencia en estos territorios y todo el departamento se encuentra en alerta roja”, señaló el mandatario.
Según explicó, en estas zonas operan al menos tres estructuras delincuenciales que se disputan el control territorial, entre ellas el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes, lo que ha derivado en homicidios, extorsiones y otros delitos.
El impacto de esta situación, agregó, ya se siente con fuerza en la economía local. Comerciantes y pequeños emprendedores han tenido que cerrar sus negocios ante las constantes exigencias de dinero por parte de grupos ilegales.
“Hay personas que prefieren cerrar porque no tienen cómo pagar. Esto está golpeando fuertemente a los municipios”, afirmó.
El alcalde también alertó sobre el incremento de homicidios en su municipio. “El año pasado tuvimos cuatro casos y en este trimestre ya llevamos seis, entre ellos una mujer”, precisó.
A esto se suma una problemática que preocupa a las autoridades: el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales. De acuerdo con Avilés Oliva, en Polonuevo ya se han registrado capturas de jóvenes vinculados a estas estructuras, muchos de ellos atraídos por la falta de oportunidades.
Frente a este panorama, los mandatarios reiteraron la necesidad de una intervención integral del Gobierno Nacional. Aunque reconocen avances como el aumento del pie de fuerza y operativos policiales, insisten en que las medidas no son suficientes para contener la escalada violenta.





















