El ente alertó que las intervenciones no han sido significativas. Por su lado, la Ungrd aseguró que adelantan procesos contractuales para determinar el reasentamiento.
La Ungrd suspendió los subsidios de arrendamiento a familias que retornaron al lugar donde ocurrió la tragedia.
La Unidad de Gestión del Riesgo oficializaría para finales de marzo la contratación de un estudio que les permita tomar decisiones acerca de la reubicación de las familias afectadas.
El objetivo es beneficiar a los habitantes de los municipios de Tubará, Juan de Acosta y Piojó.
Señalaron que una reubicación podría generar un impacto negativo en la población.