La Fiscalía General de la Nación decidió imputar cargos contra José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería por el escándalo de los pasaportes.
“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, radicó una nueva solicitud de audiencia de imputación contra el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público”, señaló el ente acusador.
La investigación apunta a que el exfuncionario habría tramitado unas resoluciones que tenían como fin echar para atrás decisiones tomadas por el entonces canciller Álvaro Leyva que había declarado desierta una licitación del contrato de la expedición de las libretas de pasaportes.
“El exfuncionario estaría involucrado en la expedición de tres resoluciones en febrero de 2024, las cuales revocaron las decisiones con las que el entonces canciller Álvaro Leyva Durán declaró desierta la licitación 01 de 2023 para la adjudicación del contrato de pasaportes por cerca de medio billón de pesos. De esta manera, restableció el proceso licitatorio y entregó el contrato a la única empresa postulante”, dijo la Fiscalía.
Así las cosas, la audiencia de imputación de cargos se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de junio, día en el que la Fiscalía esbozará sus argumentos y las evidencias encontradas que lo salpican.
Ya en marzo de 2024 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado había denunciado a Salazar por al menos cuatro delitos relacionados por el cuestionado contrato para la fabricación de pasaportes a la empresa Thomas & Greg.
En su momento, el presidente Gustavo Petro acusó de traición al entonces secretario general por adjudicar a la compañía Thomas Greg & Sons el contrato para la fabricación de pasaportes, razón por la cual lo destituyó.
“El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada”, escribió para ese entonces el mandatario en la red social X.
El Gobierno había suspendido la licitación hasta tanto se revisaran más de 550 observaciones hechas por las partes interesadas, en medio de una controversia que llevó a la Procuraduría General (Ministerio Público) a suspender del cargo por tres meses al canciller colombiano, Álvaro Leyva.
