Este martes, la Personería Distrital de Barranquilla fue escenario de un encuentro en el que participaron la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, personerías de todo el Atlántico y el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia García, presidente de la Asociación Global de Ombudsperson Locales (AGOL).
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El objetivo de este encuentro fue intercambiar experiencias, fortalecer capacidades y reafirmar el compromiso con la defensa de los derechos humanos desde la gestión local.
La jornada, liderada por el personero distrital Miguel Ángel Alzate, incluyó la conferencia “Revelación de los Derechos Humanos Emergentes”, dictada por Bondia, quien destacó que los derechos humanos, tal como fueron concebidos, deben adaptarse a las realidades y necesidades del siglo XXI. Entre los “nuevos” derechos, mencionó la muerte digna, la renta básica y la interculturalidad, así como una reinterpretación de los ya existentes para incluir el derecho a un ambiente sano, la equidad digital, la protección de datos y el acceso a la inteligencia artificial con enfoque de derechos.
“El derecho humano de proximidad es fundamental. Hay que dejar de ver los derechos humanos solo desde el plano internacional y entender que su verdadera aplicación comienza en el ámbito local como, vivienda, trabajo, transporte, salud… ahí es donde se viven”, afirmó Bondia. Además añadió que el reto no es solo adoptar políticas públicas, sino supervisar su cumplimiento, papel que, dijo, que las personerías están llamadas a liderar.
El jurista también se refirió al reciente asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, calificándolo como un atentado contra la democracia. “No existe democracia sin garantía de derechos humanos. En estos momentos, Colombia debe ser fuerte y reforzar políticas públicas que protejan la vida y las libertades fundamentales”, subrayó.
Hacinamiento crítico y crisis carcelaria
En su intervención, Alzate denunció que Barranquilla enfrenta un grave hacinamiento en sus centros de reclusión, las cuatro cárceles de la ciudad tienen una sobrepoblación superior al 51 % y que además, la situación es aún más crítica en las estaciones de Policía, donde el hacinamiento alcanza hasta un 400 %, como ocurre en la estación de San José.
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Según el personero, estas condiciones se traducen en vulneraciones sistemáticas a los derechos de los privados de la libertad. “Hemos visto celdas de dos por dos metros con 20 o 30 personas, estructuras improvisadas de hamacas y condiciones sanitarias deplorables que favorecen la propagación de enfermedades cutáneas”, explicó. Pese a las limitaciones de la incidencia local, la Personería participa en mesas de trabajo con el INPEC, la Rama Judicial y el Ministerio Público para impulsar mejoras, como la apertura parcial de un pabellón en la penitenciaría El Bosque.
Políticas insuficientes y delincuencia reincidente
En materia de seguridad, Alzate advirtió que, aunque la administración distrital ha fortalecido las capacidades de la Policía, los resultados no se reflejan en la reducción de delitos. Señaló que muchos de los capturados tienen antecedentes y han sido detenidos en múltiples ocasiones, pero recuperan la libertad por fallas en el proceso de judicialización.
“Las reacciones ante crisis de seguridad son momentáneas, operativos, capturas y medidas que, a los pocos días, se desvanecen. Sin políticas sostenidas y con respaldo del Gobierno Nacional, no podremos enfrentar el crimen organizado que opera a nivel nacional”, afirmó.
Reducción en la tarifa de energía y problemas estructurales
Otro de los temas abordados fue la reciente decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de eliminar un cargo del régimen especial tarifario, lo que, tras concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, podría entrar en vigor en septiembre. Esta medida reduciría en 54 pesos el valor del kilovatio hora, acercando la tarifa de la región Caribe al promedio nacional.
Sin embargo, el personero advirtió que persisten problemas de fondo: “La empresa prestadora sigue en crisis financiera y con déficit de infraestructura eléctrica. Esto afecta la calidad del servicio, provoca bajos niveles de recaudo y perpetúa un ciclo negativo que debe ser resuelto por el Gobierno Nacional, como actual administrador de la compañía”.
Llamado a la acción conjunta
El encuentro concluyó con un llamado de Alzate y Bondia a fortalecer las redes internacionales de cooperación, compartir buenas prácticas entre personerías de América Latina y Europa, y trabajar en la construcción de una democracia más participativa, plural e inclusiva desde las ciudades.
“Es posible que sea más valioso ser personero que alcalde, porque el personero representa a toda la ciudadanía, no solo a quienes votaron por él”, concluyó Bondia, resaltando el rol cercano y garante de las personerías en la defensa de derechos fundamentales.