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El Gobierno Nacional, a través del Bienestar Familiar, formalizó la vinculación laboral directa y a término indefinido de 161 madres comunitarias del departamento de La Guajira.

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Con esta decisión, se reconoce de manera concreta y definitiva su invaluable aporte al desarrollo integral de niñas y niños en los territorios más vulnerables del país. Este hecho sin precedentes marca un antes y un después en la política de cuidado y protección de la primera infancia.

Este acto histórico representa una reparación social largamente esperada por mujeres que, durante décadas, han sostenido con vocación y compromiso la atención a la primera infancia, muchas veces en condiciones de precariedad laboral.

A partir de hoy, estas madres comunitarias se integran como trabajadoras oficiales del Bienestar Familiar, con acceso a salario digno, prestaciones sociales, seguridad social integral y todos los beneficios establecidos por la ley, garantizando estabilidad laboral y bienestar para ellas y sus familias.

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La mayoría de las beneficiarias desarrolla su labor en zonas rurales y dispersas de distintos municipios de La Guajira, y un número significativo pertenece al pueblo wayuu.

Este avance representa un paso concreto hacia el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y territorial del país, y fortalece el enfoque diferencial y comunitario en la atención a la niñez, especialmente en contextos históricamente excluidos.

Para mujeres como María de los Santos Fernández Jayariyu, con 14 años de servicio continuo a la primera infancia, esta decisión tiene un significado personal y colectivo. ⁠

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“Me siento muy contenta de estar aquí. Esto tiene un significado muy grande para mí, porque después de tanto trabajo y de tanta lucha, ya era hora de que fuéramos trabajadoras del Estado, de poder contar con un salario y ser reconocidas como madres comunitarias”, expresó.