Un nuevo paquete de medidas tributarias dejó en firme el Gobierno nacional con la expedición de varios decretos que reviven impuestos que antes habían sido negados por la Corte Constitucional lo que ha provocado el cuestionamiento de varios sectores de la economía.
“El Gobierno nacional no oculta su desespero por recaudar más recursos en época electoral. Además de las evidentes participaciones en políticas, que son ilegales, ahora se empeña en quitarle dinero a los hogares y gastarlos a su antojo”, criticó Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
Mac Master se refirió específicamente al Decreto 240 de 2026 que amplía el número de sujetos pasivos del impuesto al patrimonio de sociedades e impone el impuesto al consumo (16 %) a los juegos de azar por internet y otras facultades. Con esta decisión se busca reforzar el recaudo fiscal en medio de la crisis climática.
Según el Ejecutivo, los recursos obtenidos con estas medidas se destinarán exclusivamente a la atención de los damnificados en los departamentos afectados por las inundaciones.
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“Estas medidas reproducen sustancialmente algunas que ya habían sido decretadas por el gobierno en la emergencia económica de diciembre de 2025, pero que fueron suspendidas por la Corte Constitucional al pretender suplantar al Congreso en su rechazo del proyecto de ley financiamiento”, añadió.
El dirigente gremial indicó que este nuevo decreto “supone una afrenta a la democracia participativa y al principio de que no puede haber impuestos sin representación, además golpea la inversión productiva, la seguridad jurídica y la confianza inversionista”.
Por ello, instó a la Corte Constitucional a que estudie a solicitud de suspensión provisional de los decretos 173 y 240 de 2026, pues “el pago de estos impuestos puede generar perjuicios económicos irremediables a los contribuyentes. Una medida suspensión provisional es más beneficiosa para la democracia porque devuelve la discusión sobre los impuestos a su escenario natural: el Congreso de la República”.
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Se amplía el impuesto al patrimonio
El paquete de decretos también introduce cambios tributarios dirigidos a incrementar los ingresos del Estado durante la emergencia por lluvias.
El Ejecutivo argumentó que el recaudo estimado inicialmente, cercano a los 8 billones de pesos, no sería suficiente para atender la emergencia, por lo que decidió ampliar las medidas fiscales.
Una de las medidas amplía el impuesto al patrimonio a empresas internacionales que operan en Colombia o que tienen sucursales en el país con patrimonios superiores a 200.000 UVT, equivalentes a cerca de 10.400 millones de pesos.
