La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Óscar Enrique Manjarrez Franco el pasado jueves 31 de julio, señalado como autor del homicidio agravado de una docente jubilada de 75 años en el municipio de Sahagún, Córdoba.
El suceso tuvo lugar el 26 de diciembre de 2024 en una vivienda del barrio Calle Larga, cuando la víctima, reconocida educadora de la comunidad, ofreció ayuda al acusado para realizar un trámite de índole familiar. Aprovechando esta situación, Manjarrez Franco ingresó al domicilio y perpetró el crimen utilizando un arma cortopunzante.
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La labor investigativa de la policía judicial reveló detalles cruciales que condujeron a la captura del presunto homicida. Tras cometer el asesinato, el sospechoso sustrajo el teléfono celular de la víctima y se dirigió a un centro de reparaciones tecnológicas con el objetivo de formatearlo.
El técnico encargado del procedimiento reconoció las fotografías almacenadas en el dispositivo, las cuales había visto previamente en redes sociales relacionadas con la difusión del crimen. Esta identificación permitió que el profesional alertara inmediatamente a las autoridades competentes.
Óscar Manjarrez Franco se entregó de manera voluntaria el 28 de julio en el municipio de Chinú, también en Córdoba, donde fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía para iniciar su proceso judicial.
Durante las audiencias preliminares, el imputado reconoció abiertamente su responsabilidad en los hechos que se le imputan, lo que llevó al juez a ordenar medida de aseguramiento intramural en su contra.
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El asesinato de la docente pensionada ha causado profunda conmoción en Sahagún, donde la víctima gozaba de gran reconocimiento por su trayectoria educativa. La comunidad local ha expresado su dolor por la pérdida de una figura respetada y querida en el municipio.
Las autoridades judiciales han reafirmado su compromiso con el esclarecimiento total de este y otros crímenes violentos que afectan la seguridad ciudadana. La Fiscalía en Córdoba también resaltó el papel fundamental que desempeña la colaboración de los ciudadanos en la resolución exitosa de delitos de alta gravedad.
El proceso judicial continuará su curso normal, manteniendo los principios constitucionales de presunción de inocencia establecidos en el artículo 29 de la Constitución Política y la Ley 906 de 2004, según recordó la entidad investigadora.
