Pareciera que con sangre de líderes empieza a escribirse un nuevo capítulo en la historia violenta de este país y la mayor cantidad de episodios este año a escala de la costa han ocurrido en Córdoba, donde, el exterminio de los defensores de las comunidades ha segado la vida de seis personas, mientras una séptima ha sido amenazada dos veces en tan solo 15 días.
Para el defensor de derechos humanos e integrante del Consejo Nacional de Paz, el cordobés Andrés Chica Durango, el riesgo en los líderes del país ha aumentado a partir de 2011, desde los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.
'Hemos venido siendo flagelados, estigmatizados y marcados pese a que la guerra de 50 años nos ha dejado heridas que no van a ser sanadas. Para el caso de Córdoba los asesinatos de nuestros líderes no son esporádicos, menos líos de faldas o casos aislados', precisó Chica.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía General de la Nación, entre 2016 y 2018, Córdoba es el primer Departamento de la costa y el séptimo del país con el mayor número de líderes asesinados: 8, después de Nariño, Risaralda, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Cauca.
Cesar está en el puesto 13 con 5 casos en el mismo periodo; le sigue Atlántico en el puesto 15 con 4 casos, también con 4 está Bolívar en el puesto 17, la Guajira en el 19 con tres casos; Magdalena en el 22 con dos hechos y Sucre en el puesto 24 con un caso.
Helena Mercado, miembro de la ONG Cordoberxia y defensora de derechos humanos, argumenta que los asesinatos de líderes en este Departamento 'estarían asociados a su defensa del acuerdo de paz, defensa de la tierra en las zonas rurales y de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el marco del acuerdo de paz'.
'Los victimarios siguen siendo los mismos, el parmilitarismo no se ha acabado en Córdoba y en el país, con todo el temor que puede sentir un ser humano lo digo: el paramilitarismo sigue actuando y a ellos se les adjudica la muerte de los líderes que han sido asesinados', sostuvo Mercado.
El Departamento de Policía Córdoba maneja varias hipótesis sobre los seis homicidios de igual número de líderes en esta región, y que, según el comandante de la institución, Coronel Jairo Baquero, son tarea de investigación por parte de un equipo especializado
'Tenemos diferentes hipótesis sobre estos casos, unas tienen que ver con el accionar de grupos armados ilegales y adicionalmente otras que no voy a socializar. Lo que es cierto es que hay un equipo de investigación dedicado al esclarecimiento de los hechos', precisó el oficial.
Entre las líneas de investigación – precisó el oficial – está el tema de los cultivos ilícitos y el tema de la restitución de tierras.
Frente a esto último la Unidad de Restitución de Tierras en Córdoba, tras verificar en base de datos, confirmó que los comunales asesinados este año en este Departamento, no hacían parte del listado de campesinos reclamantes de tierras en ninguna de las subregiones.
De los cinco homicidios contra líderes que ocurrieron esta semana reciente en varias regiones del país, volvió Córdoba a presentar uno de esos hechos: el de Iván Lázaro, asesinado mientras descansaba en su habitación de madera en la vereda Rogero, corregimiento de Juan José, municipio de Puerto Libertador. Lázaro era secretario de la Acción Comunal y encargado de asuntos deportivos.
Seguido mataron en Palmar de Varela (Atlántico) al líder Luis Barrios Machado, presidente de la Acción Comunal; en Quibdó a Felicinda Santa María, presidente de la Acción Comunal del barrio Virgen del Carmen de la comuna 2; en Montañita (Caquetá) a David Mejía Prieto, quien había sido presidente del asentamiento Virgen del Carmen en la Unión Peneya; y en Cáceres (Antioquia) a Ana María Cortés, quien se desempeñó como coordinadora de la campaña del ex candidato presidencial Gustavo Petro. Adicionalmente una profesora en el sur de Bolívar fue amenazada con orden de abandonar la región, presuntamente por un comandante paramilitar de la zona.
A estos hechos se suma el asesinato en Maicao, el 21 de junio, de la líder Evelia Francisca Atencia Pérez, quien era docente en la Institución Educativa No.9 sede 20 de Julio y además era líder en la campaña de la ‘Colombia Humana’.
También está desaparecido en La Guajira, el líder Jorge Imitola Toro, de Riohacha, quien hace seis meses salió hacia el corregimiento de Palomino, en Dibulla, a una reunión de restitución de tierras y nunca más se volvió a saber de él.
Los otros casos de Córdoba
El 18 de enero pasado empezó el exterminio de los líderes sociales en Córdoba, con el asesinato del presidente de la Acción Comunal de la vereda San Pedrito, en San José de Uré, Plinio Pulgarín. Hombres armados y vestidos de camuflado ingresaron a su vivienda y después de cometer el hecho de sangre, amenazaron al resto de los campesinos, lo que derivó en el desplazamiento de al menos 60 personas.
La muerte le correspondió el 31 de ese mismo mes al tesorero de la Acción Comunal de la vereda Nueva Ilusión, corregimiento Batatillo, San José de Uré, Antonio María Vargas Madrid.
Tanto Vargas como Pulgarín fueron firmantes del acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el sur de Córdoba, de acuerdo con la Fundación social y defensora de derechos humanos, Cordoberxia.
El 8 de Marzo Luis Arturo Royet Franco, presidente de la Acción Comunal de la vereda Santa Isabel, también en San José de Uré, recibió en su casa a dos hombres motorizados, habló con ellos y salieron juntos sin que se conocieran los motivos. A un kilómetro de la vivienda fue ultimado.
Luego, el 10 de marzo en la vivienda de la parcela donde residía en la vereda el Can, fue asesinado por un par de motorizados Tomás Barreto Moreno, quien era miembro del Consejo Comunitario de Comunidades Afro, en San José de Uré y además era sobrino de un concejal.
A Orlando Nicolás Negrete Ramírez, presidente de la Acción Comunal del sector Camu Las Delicias, zona rural de Tierralta, lo mataron el 4 de junio en una cancha de fútbol de ese mismo sector.
En medio de esta cadena de asesinatos el defensor de derechos humanos Over Pila Cruz, residente en Puerto Libertador y quien además integra la fundación social Cordoberxia, denunció amenazas de muerte dos veces en menos de 15 días, a través de mensajes mortuorios que le dejan en su vivienda. Pila Cruz es líder en ese municipio del San Jorge cordobés desde el 2010.
Dos estaban en el registro de víctimas
El director de la Unidad para las Víctimas en Córdoba, Manuel Pacheco Salgado, confirmó que, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), tanto Antonio María Vargas como Arturo Luis Royet Franco, fueron objeto de desplazamiento forzado, lo que quiere decir que con sus asesinatos las familias fueron revictimizadas.
'Nos sumamos a las voces de rechazo del Gobierno Nacional ante los asesinatos de líderes sociales ocurridos últimamente en el país, lastimosamente Córdoba ha sido escenario de algunos de estos homicidios, por lo cual nos solidarizamos con sus familias y pedimos que cese todo acto de violencia contra estas personas que desinteresadamente buscan el bien de sus comunidades', sostuvo Pacheco Salgado.
La directora (e) de la seccional dela Fiscalía en Córdoba, Indira Canabal, indicó que el organismo ya inició una investigación por las amenazas contra el líder Over Pila Cruz, en Puerto Libertador, cuyo proceso está en desarrollo de órdenes a policía judicial con el apoyo del grupo élite de la Policía Nacional.
Agrega la funcionaria que frente a cada homicidio se abren de forma oficiosa las indagaciones y de forma inmediata se procede a desarrollar órdenes a policía judicial dentro de unos actos urgentes 'y posteriormente agotados estos, se emiten nuevas órdenes para continuar realizando labores investigativas bajo la coordinación de los fiscales radicados'.
Nuevas amenazas en Cartagena
A través de un panfleto el grupo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia amenazó a siete integrantes s de la Mesa de Víctimas de Cartagena que hicieron llegar a cada uno de los líderes. 'El frente Efraín Vargas Gutiérrez Autodefensas Gaitanistas de Colombia (A.G.C.) declaró objetivo militar a los siguientes miembros de la mesa del distrito de Cartagena: Eduardo Hernández, Mobemi Parras, Sonia, Dayan Rodríguez, Deyder Enrique Mates, Tomasita Vidal, Naret Díaz, Julia Alquerque'. En la misiva el grupo paramilitar declara objetivo militar a estas personas porque los señalan de pertenecer a la guerrilla. El documento es firmado por el Estado Mayor del Frente Efraín Vargas Gutiérrez.
Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar los esquemas de seguridad de las personas amenazadas e igualmente determinar la veracidad del panfleto. La intimidación se conoce un día después de que en la ciudad se cumpliera una jornada denominada como la Velatón por los líderes asesinados en Colombia.
