'Asesinato de mi esposo fue planeado por políticos': viuda de Zapa

María Isabel Valencia Cárdenas, esposa del asesinado exdirector de Regalías de Córdoba Jairo Zapa Pérez, decidió romper su silencio desde el exilio –tras varios años de permanecer apartada del caso– para entregar algunas revelaciones sobre los días que antecedieron al homicidio de su esposo.

Además, le exige a la justicia colombiana que el asesinato del padre de sus cuatro hijos sea reconocido por el Gobierno como una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad.

También exige que se realice un juicio transparente 'y que los implicados en este delito cumplan sus respectivas condenas, además de una reparación a las víctimas'.

Esta ingeniera antioqueña, quien hace un par de años abandonó el país por las reiteradas amenazas e intimidaciones, dijo que el homicidio de Zapa 'fue fríamente planeado por políticos poderosos de Córdoba'.

'He guardado silencio durante todo este tiempo porque me costó mucho trabajo la aceptación de mi duelo y el de mis hijos: mi hija de 10 años, mi hijo de 7 años y mis pequeñas gemelas de 6 años, quienes han sufrido las consecuencias de este hecho, así como el dolor que ha causado a otros familiares y amigos. Sin embargo, todavía queda esta esperanza en mi corazón para que la voz de las víctimas de diferentes delitos contra los derechos humanos en el mundo, sigan siendo escuchadas', sostiene Valencia Cárdenas.

Jairo Zapa Pérez fue desaparecido forzosamente la tarde del 27 de marzo del 2014, a través de un plan macabro que le tendieron en una casa del barrio La Castellana, de Montería, y su cuerpo fue hallado cuatro meses después en una fosa en un predio rural en inmediaciones de la vereda La Magdalena, municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba).

La Fiscalía concluyó que el asesinato del ingeniero civil, de 36 años para la época de los hechos, obedeció al manejo de unos $100.000 millones que Zapa gestionaba anualmente para Córdoba, a través de proyectos de ciencia y tecnología y que quedaban en poder de contratistas y políticos de la región.

'Deseo constatar que mi esposo sólo trabajó en la fase de planeación de los proyectos que la Gobernación de Córdoba financiaría en la región y, por ende, solicitó el dinero para su ejecución unos días antes de su desaparición. Para aquel entonces el gobernador Alejandro Lyons designó a mi esposo como responsable directo de los proyectos de ciencia, tecnología e innovación (Ctel), supuestamente para que agilizara los trámites de los convenios, porque veía en él a un funcionario muy eficiente', relata María Isabel Valencia en una comunicación enviada a los padres de Zapa en Colombia, a la cual tuvo acceso EL HERALDO.

Valencia relata que días después de haber adquirido Zapa tal responsabilidad lo notó muy tenso, hasta el punto de confesarle a ella que tenía deseos de renunciar porque las decisiones políticas acababan con las técnicas.

'Mi esposo descubrió que dicha responsabilidad lo puso en problemas, al ver que los beneficiarios de los convenios de ciencia, tecnología e innovación incumplían los compromisos pactados en dichos proyectos y que las cuantías presupuestales eran enormes. Entonces él creó una interventoría con entidades técnicas y académicas para realizar un seguimiento minucioso a dichos proyectos, lo que molestó a los beneficiarios de esos convenios', señala la viuda de Zapa en su extensa carta de diez páginas.

La Fiscalía reveló casualmente un presunto detrimento o malos manejos de recursos de regalías en Córdoba por valor de $60.653 millones, de los cuales se consignaron $40.021 millones, lo que, según el ente acusador 'habría sido el detonante para el homicidio del exdirector de Regalías Jairo Zapa Pérez'.

Por los presuntos malos manejos de esa millonaria suma en enero de este año la Fiscalía capturó a Luis Enrique Vega González, representante legal de Conif; Juan Agustín Gualdrón Rueda, representante legal de la Corporación Zeta, y José Manuel Benjumea Simancas, exdirector de Regalías y quien para ese entonces era el director de Planeación de la Gobernación.

Por los mismos hechos la Fiscalía también vinculó al excontratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Eugenio Henao Sarmiento y a Maximiliano García Bazanta, quienes se encuentran detenidos en la cárcel las Mercedes de Montería, desde el 1o. de mayo de 2014, judicializados anteriormente por su presunta participación en la desaparición forzada de Zapa.

La esposa de Zapa revela que la ejecución de los convenios, 'y así lo muestran los documentos que él firmó, la hicieron otras personas que hoy están capturadas por el robo de más de $30.000 millones de pesos del presupuesto de regalías'.

'Pero eso no es todo, otro hecho que traigo a la memoria y que causó mucha tensión en Jairo Alberto es que la oficina de Regalías era relativamente desconocida para la mayoría de los políticos, que en Córdoba, reparten las instituciones públicas a su servicio para supuestamente administrarlas, ubicando a sus allegados y obteniendo a cambio beneficios. La señora Mara Bechara era la única mujer que conocía el potencial de esa oficina y el gobernador posteriormente, con los resultados que mostró mi esposo, quien logró la aprobación de todos los proyectos que presentó, pues conocía la metodología para su elaboración y las necesidades de la región', indica Valencia Cárdenas.

Mara Bechara es copropietaria de la Universidad del Sinú y, junto con su hermana María Fátima Bechara, siguen inmersas en una investigación por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, concierto para delinquir y concusión, a partir de supuestos malos manejos en dos convenios de regalías con la Gobernación, por valor de $9.575 millones.

Ambas fueron capturadas en Montería, tras una orden de la Fiscalía materializada el 24 de mayo. El 10 de julio un juez de segunda instancia las dejó en libertad. Por estos días avanza la audiencia de acusación en el Palacio de Justicia de la capital cordobesa.

Entretanto, las directivas de la Universidad del Sinú han sostenido que sustentaron ante la Fiscalía que los proyectos fueron manejados de forma correcta y que algunos retrasos –en una iniciativa relacionada con el cultivo de la caña flecha en el resguardo Zenú– obedecieron a aspectos climáticos, sobre lo cual fue informado el Departamento Nacional de Planeación. Agregan que en otro de los convenios, si bien es cierto participó la institución en la formulación del proyecto, no ha recibido recursos para la ejecución de las actividades.

Por el homicidio del exdirector de Regalías de Córdoba continúan privados de la libertad desde el 1o. de mayo de 2014, el excontratista de la Gobernación y exfuncionario de Parques Nacionales Naturales Jesús Henao Sarmiento; Maximiliano García Bazanta, exfuncionario de la Gobernación, casualmente en la oficina de Regalías; Carlos Pérez Escobar, abogado y primo hermano de la víctima; Joice Hernández Muñoz, desmovilizado del bloque Centauros de las Auc y confeso autor material; y su compañera sentimental Zuán Naidú López Acevedo. Solo recobró la libertad Jesús Torres Redondo, el pasado 6 de septiembre, por vencimiento de la medida de aseguramiento que argumentó su defensa y que fue acogida por un juez de Montería.

La investigación está en poder del fiscal 48 Especializado de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Carlos Pión Mayorga, tras haber sido considerado este caso una desaparición forzada agravada y un homicidio agravado.

En uno de los apartes de su comunicación María Isabel Valencia se interroga ¿'cómo logró el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons que lo excluyan del asesinato de mi esposo Jairo Alberto Zapa Pérez?'.

Agrega que un coronel de la Policía y un sacerdote, fueron –según ella– dos de los emisarios que envió Lyons para que ella recibiera $2.000 millones, alegando que los necesitaba para el futuro de sus hijos, pero se abstuvo de recibir esa plata.

'Como me negué a recibir ese dinero, entonces me ofrecieron lanzarme al Concejo de Montería, pero también me negué', sostiene la esposa de Zapa.

María Isabel Valencia salió del país el 6 de julio de 2015, ayudada por la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, debido a las presiones que siguió recibiendo ella e incluso su familia en Medellín.

'Lo último que ocurrió fue que a mi residencia llegó un hombre a dejar un pollo que supuestamente yo había mandado a pedir por domicilio, en ese momento yo me encontraba en la oficina. Luego investigamos con los escoltas que el portero del conjunto residencial lo dejó pasar porque el vendedor preguntó por el apartamento donde vivían cuatro niños y solo mi apartamento tenía esas características. Posteriormente la seguridad en el lugar se reforzó entonces se dieron cuenta que afuera permanecía un carro con dos hombres y los escoltas dieron aviso a la Policía', relata la esposa de Zapa.

Valencia denuncia que las autoridades colombianas tienen el proceso paralizado desde septiembre de 2016 y el mismo permanece en audiencias preparatorias sin que finamente se instale el juicio.

'Hasta el momento no existe sentencia contra los acusados y se han celebrado solo 5 de las 20 audiencias programadas, pues las demás audiencias han sido aplazadas y los acusados han pedido constante libertad por vencimiento de términos', recalca la viuda de Zapa.

María Isabel Valencia está en el exterior con sus cuatro hijos a cargo; mientras que los padres y hermanos de la víctima también debieron abandonar el departamento de Córdoba para proteger sus vidas, después que el 30 de julio de 2014 cuatro falsos agentes del Gaula irrumpieran en la vivienda familiar del barrio 6 de Marzo, en Montería, para esculcar en archivadores y computadores supuestas pruebas que comprometerían a personajes de la región con el manejo de las regalías.