La implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las Farc se ha convertido en los últimos años en una pelea política entre lo que dice el Gobierno y lo que refuta la oposición.
Aunque el Acuerdo contempla varios puntos, hay uno en particular que ha despertado la preocupación de líderes sociales, de organizaciones y del Partido FARC: la reforma rural integral, el punto 1.
En el Acuerdo, el Gobierno señalaba que precisamente una reforma rural cambiaría las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio.
También las FARC apelaban que la transformación del campo contribuiría a la solución de las 'causas históricas del conflicto'.
Hoy por hoy, la violencia continúa agitándose en los territorios. Una de las razones es precisamente el lío que hay por las tierras.
Reforma rural
Juan Carlos Garzón, director del área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), manifestó que la reforma rural es la principal preocupación de la implementación del Acuerdo de Paz.
'El avance de esta reforma está muy atrás en términos de lo que deberíamos haber tenido en este momento', señaló.
También la FIP alertó, en el informe ‘Impactos y riesgos del COVID-19 en la paz y las dinámicas del conflicto’, que proyectos de gran envergadura como el catastro multipropósito podría verse impactado debido al aislamiento obligatorio.
'La implementación del Acuerdo podría perder tracción, con demoras y rezagos en su desarrollo. El COVID-19 plantea un escenario complejo para la implementación, con restricciones a la movilidad y el aislamiento. Eso no solo impactará la ejecución de las obras de pequeña infraestructura y la provisión de bienes y servicios, sino proyectos de mayor envergadura, como el catastro multipropósito', se lee en el informe.
De hecho, en diálogo con EL HERALDO, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) indicó que debido a las condiciones actuales por la pandemia se paralizó el trabajo en los territorios, el barrido que adelantan para la identificación de los predios.
No obstante, la ANT precisó que seguirán avanzando en este punto del acuerdo con la realización de los estudios jurídicos para la titulación de los predios que ya se han identificado.
Por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, refirió en este sentido avances como la inclusión en el Fondo de Tierras de un millón de hectáreas identificadas.
'Llegamos a un millón de titulación de tierras, se han duplicado más que en el periodo anterior. El catastro multipropósito también está andando, se consiguieron recursos por 150 millones de dólares a través del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial', detalló Archila.
Agregó que con la reforma del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Superintendencia de Notariado avanzarán en la formalización de alrededor de 80 municipios.
Así mismo, informó que Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos van a cubrir otros 25 municipios en la primera tanda del registro de tierras.
En este sentido, la ANT refirió que la meta a 2028 es que se ingrese al Fondo de Tierras 3 millones de hectáreas. A la fecha, ya completaron 1.000.404, de las cuales 226.831 fueron ingresadas por el gobierno anterior y 773.573 hectáreas por el gobierno actual.
Se destaca a nivel nacional Bolívar con el mayor número de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras, 262.020 en total.
Pero otra perspectiva tiene el partido FARC sobre los avances en este primer punto del Acuerdo.
La senadora Sandra Ramírez señaló que la transformación del campo sigue siendo una promesa inconclusa.
'Durante esta emergencia no ha salido un decreto que aporte a la transformación del campo. Por el contrario, hubo uno en el que el Gobierno dio millonadas al agro, pero se beneficiaron 10 poderosas empresas que, entre otras cosas, son comercializadoras. A los campesinos no les llegó sino escasamente un 4%, al pequeño productor no le llegó ninguna ayuda. Eso es un despropósito', anotó.
Así mismo, la senadora aseguró: 'Desafortunadamente no tenemos ni un sólo avance en la reforma rural, el Gobierno tiene una política de paz mediática, simulando que sí están implementando cada uno de los puntos del Acuerdo; pero no hemos avanzado'.
Seguridad
Según precisó el director del área de dinámicas del conflicto de la FIP, los homicidios de líderes sociales aumentaron en el primer cuatrimestre del año en comparación con el 2019, así como los desplazamientos.
En el informe de la Fundación Ideas para la Paz, se registró que entre enero y marzo de 2020 el desplazamiento aumentó en un 25% en municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y 56% en las zonas que hacen parte del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS).
'Hay unos lugares donde la presencia del Estado tiene que ser fortalecida, pero no sólo se fortalece con presencia militar, sino con la presencia integral del Estado', recomendó la FIP.
La seguridad y la garantía de paz se ha visto afectada por la misma disputa de las tierras y el control de los territorios para la siembra de cultivos ilícitos.
De hecho, sobre el asesinato a excombatientes de las FARC, el consejero para la Estabilización refirió que son los narcotraficantes los enemigos de los firmantes de la paz.
'Lo que ha dicho la Fiscalía es que más del 75% de estos hechos se registran en zonas rurales donde hay narcotráfico, donde se disputan los corredores', refirió.
En este sentido, la senadora Sandra Ramírez indicó que los reincorporados que están siendo asesinados son aquellos que cumplían con alguna labor de liderazgo en su territorio.
Ahora, debido al confinamiento, la situación se recrudece, ya que según datos de la FIP el 60% de los asesinatos a líderes en 2019 ocurrieron en sus viviendas.
'La restricción de la movilidad puede aumentar la vulnerabilidad de estas personas, volviendo sus rutinas y ubicación mucho más previsibles',alertó la Fundación Ideas para la Paz.
De esta manera, la disputa por la tierra ha afectado la seguridad de quienes han sustituido la coca por alimentos, así como la paz de quienes viven en territorios cercados de droga.
En este lío los más afectados han sido los campesinos, quienes históricamente han sido sólo dueños del oficio y no de la tierra.
Aunque los discursos políticos suelen ser los que agitan la disputa por el cumplimiento del Acuerdo, la distribución de las tierras (como hace 50 años) es el problema que sigue amenazando la paz.
