La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció este martes sobre la polémica que ha desatado en el país el anuncio de la instalación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para integrantes de cuatro grupos armados ilegales, así como la solicitud del Gobierno a la Fiscalía para suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo.
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A través de un comunicado, la funcionaria advirtió que el presidente de la República tiene la facultad de solicitar la suspensión de órdenes de captura. No obstante, esta “es reglada y está sometida al cumplimiento de condiciones constitucionales y legales”.
“Las decisiones relacionadas con las ZUT requieren motivación suficiente, delimitación temporal, territorial y personal, así como mecanismos efectivos de control y verificación. Particularmente, según la ley, las ZUT únicamente se pueden establecer en un estado avanzado del proceso de paz”, recordó la defensora.
En ese sentido, precisó que la Sentencia C-525 de 2023, la Corte sostuvo que las ZUT solo son procedentes cuando el proceso de paz se encuentra en un estado avanzado, pues “de esta manera se garantizará su idoneidad frente a la finalidad de hacer viable la entrega o sometimiento a la justicia (…) esto es, su tránsito al Estado de Derecho”.
Lo que quiere decir, según explicó Iris Marín, que las ZUT deberían ser idóneas para hacer viable el desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil de los integrantes de los grupos armados organizados parte del conflicto armado.
“El presidente de la República y sus delegados, en su motivación para el establecimiento de las ZUT y la suspensión de órdenes de captura, debe sustentar la idoneidad de las medidas para lograr el desarme, no como algo hipotético o posible, sino cercano: que el proceso ha avanzado hacia ese fin próximo. Prácticamente, que se concentran para el desarme”, sostuvo.
Asimismo, enfantizó en que la desmovilización y reintegración de los miembros de los grupos ilegales son viables, de conformidad con el modelo de ‘Paz Total’, cuando el proceso ha avanzado en desescalar las violencias, transformaciones territoriales y tránsito a la civilidad.
Por eso la defensora del Pueblo considera necesario medir el estado de avance de acuerdo con el modelo de paz que se ha planteado el propio Gobierno, que ha dicho que los procesos de la ‘Paz Total’ se asientan en tres componentes: desescalamiento de las violencias, transformaciones territoriales y tránsito a la civilidad.
“La ausencia de mecanismos independientes de monitoreo y verificación en la mayoría de los procesos dificulta evaluar objetivamente el cumplimiento de estos avances, pero Gobierno debe presentar información suficiente y verificable al respecto para motivar sus decisiones”, señaló Marín.
Para el organismo, el análisis debe ser diferenciado porque en los procesos actualmente en curso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Clan del Golfo —autodenominado EGC—, Comuneros del Sur (CS) y el autodenominado EMBF, en los cuales se han acordado ZUT, “el nivel de avance, implementación y verificación no es homogéneo”.
Defensoría advierte riesgos
El organismo liderado por Iris Marín advirtió cuatro riesgos en la suspensión de órdenes de captura y establecimiento de las ZUT, “que deberían ser evaluados de manera diferencial en cada proceso de negociación”.
La Defensoría del Pueblo indicó que hay riesgos porque “se avanza sin tener en cuenta los derechos de las víctimas, se generan expectativas para los grupos en un contexto de riesgo electoral y de transición de gobierno, persisten riesgos de seguridad para las comunidades y para quienes eventualmente se concentren en las ZUT, y existe riesgo de afectación de los derechos de pueblos étnicos potencialmente impactados por las ZUT”.
Ante este panorama, Marín instó al presidente Gustavo Petro a “motivar adecuadamente sus decisiones y a mitigar estos riesgos antes de avanzar en los traslados y concentración en las ZUT”.
“La construcción de paz exige decisiones excepcionales sometidas al Estado de Derecho, controles institucionales efectivos y garantías verificables para la población civil”, añadió.
En los últimos días se ha dado un debate público sobre la instalación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y la suspensión temporal de órdenes de captura para el traslado y permanencia en ellas de integrantes de grupos armados organizados parte del conflicto armado.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 19, 2026
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