Salvamento de Voto, que se encuentra en firmas y será radicado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, solicita que se abra una investigación contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, en 2022.
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Dicha solicitud, revelada por Caracol Radio, va en contravía de la propuesta de archivo del expediente y sostiene que existen elementos suficientes para abrir una investigación formal.
Pudo conocerse que el documento, de 60 páginas, sería incorporado al expediente 5914 y expone cuatro presuntos hechos relacionados con financiación irregular, además de posibles violaciones a normas electorales y penales.
El medio antes citado indicó que el escrito fue presentado por uno de los tres representantes investigadores de la Comisión de Acusaciones, que considera que existen elementos suficientes para avanzar en una investigación sobre los gastos y el origen de algunos recursos de la campaña Petro Presidente del 2022.
¿Cuáles serían las irregularidades?
El documento de Salvamento de Voto señaló que la primera inconsistencia hace referencia a presuntos aportes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
El documento sostiene que la organización sindical “tiene vedada de manera absoluta la realización de aportes a campañas presidenciales”, citando la sentencia C-1153 de 2005 de la Corte Constitucional.
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De igual manera, habría irregularidades con los 600 millones de pesos aprobados por la Unión Sindical Obrera (USO) durante su XX Asamblea Ordinaria Nacional, realizada el 8 y 9 de junio de 2022, once días antes de la segunda vuelta presidencial.
Según el Salvamento de Voto, el objetivo de esos recursos era “reforzar la segunda vuelta”.
El documento conocido por Caracol Radio señala que el acta de dicha asamblea constituye “prueba documental autónoma de un aporte proveniente de fuente prohibida”, y advierte que esos recursos presuntamente no fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral, CNE.
El tercer punto consiste en una supuesta superación de los topes electorales mediante irregularidades en facturación aeronáutica.
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Según el escrito, la empresa Sadi S.A.S. habría emitido facturas originales por servicios de transporte aéreo que posteriormente fueron reemplazadas por otras de menor valor a través de notas crédito, señaló el medio antes citado.
“Al confrontar los registros de la Aeronáutica Civil con la facturación presentada al CNE, la auditoría forense de la firma Nexia Montes & Asociados identificó una diferencia de $1.249 millones en la primera vuelta y de $962 millones en la segunda”, señala el documento.
La cuarta irregularidad se refiere a presuntos pagos a testigos electorales mediante empresas de giros postales. Según el Salvamento de Voto, la campaña habría pagado a 30.256 testigos en primera vuelta por 932 millones de pesos y a 5.328 en segunda vuelta por otros 177 millones de pesos.
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“Todos los pagos fueron canalizados por Ingenial Media S.A.S. mediante empresas de giros y ninguno de estos montos fue declarado en Cuentas Claras”, sostiene el escrito.
