La seguridad electoral en Colombia vuelve a estar en entredicho a pocas semanas de los comicios presidenciales debido a la ola de denuncias sobre la supuesta injerencia de grupos armados ilegales en la población civil.
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En este sentido, en el marco de su visita a distintas municipalidades del departamento de La Guajira como parte de la campaña de Paloma Valencia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció presiones de grupos criminales a la población para votar por el contendor Iván Cepeda.
Según lo dicho por el líder natural del Centro Democrático, el ELN, las disidencias de las Farc, los Pachenca, Tren de Aragua y el Clan del Golfo “mortifican, maltratan” a los pobladores de la Alta Guajira para votar a “su protector”, como lo describió Uribe Vélez.
“En un corregimiento muy cerca, en Maicao, Carraipía, ya los grupos criminales impiden cualquier acción proselitista en favor de alguien diferente a Iván Cepeda”, enfatizó el expresidente a través de un video colgado en su cuenta de X y que visitó este jueves Maicao y San Juan del Cesar.
Y cerró: “Petro y Cepeda le entregan el país al terrorismo. Vamos con la fortaleza de Paloma”.
Estas denuncias se suman a los audios atribuidos a alias Rogelio Benavides, uno de los capos de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá, en los que apoya al candidato del Pacto Histórico.
En las grabaciones se escucha la supuesta voz del disidente de las Farc hablando sobre un apoyo a Iván Cepeda y un accionar criminal en el Guaviare y otras zonas cercanas donde operan las estructuras criminales.
Además, en dichas grabaciones—cuya autenticidad está siendo verificada por las autoridades—‘Rogelio Benavides’ estaría amenazando campesinos, hablando de cobros ilegales y una “carnetización” obligatoria.
Sin embargo, lo que más ha generado polémica en distintos sectores políticos ha sido el apoyo que pide el disidente para el candidato del petrismo, Iván Cepeda.
“Ojalá gane el compañero Cepeda. Juepuerca porque ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, afirma el jefe criminal en el mensaje intimidante.
Luego de que circularan estos audios, la Registraduría elevó un llamado a las autoridades: “Reiteramos, no es de nuestra competencia el garantizar el orden público en el país y este tipo de presiones no es competencia de la Registraduría. Sin embargo, hicimos un llamado y reiteramos el llamado a todas las entidades públicas, a los partidos y a todos los colombianos”.
Por su parte, las autoridades revelaron que, tras una investigación preliminar de la Policía, se concluyó que el audio corresponde presuntamente a una modalidad de extorsión carcelaria y detrás de este no está ningún miembro de la guerrilla.
“Ya tenemos una información preliminar y dicho audio se trataría de un extorsionador que se encuentra recluido en la cárcel La Picaleña (de la ciudad de Ibagué) que corresponde a días atrás y que no tendría ninguna relación con algún grupo criminal”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.
A este hombre le fueron incautados un teléfono celular y libretas con listados de posibles víctimas, durante un allanamiento realizado el pasado 28 de abril, agregó el ministro.
Tras conocerse la grabación, Cepeda, senador del partido oficialista Pacto Histórico, rechazó cualquier vínculo con acciones de grupos armados ilegales y pidió a las autoridades investigar los hechos.
“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo (...) aceptamos esta clase de acciones”, expresó el candidato en sus redes sociales.
Las declaraciones del candidato que lidera la intención de voto en las encuestas y al que sus contendientes tildan como “el sucesor” de Petro provocaron reacciones de distintos sectores políticos.
La senadora opositora Paloma Valencia, candidata presidencial del partido Centro Democrático, aseguró que las disidencias “están felices con la paz total que les entregó el territorio” y acusó al Gobierno de permitir que “los fusiles elijan al ‘heredero’”.
Por su parte, la ex alcaldesa de Bogotá Claudia López afirmó que más de cinco millones de colombianos viven en territorios bajo presión de grupos armados y advirtió que un eventual respaldo electoral promovido por organizaciones ilegales “no es ninguna risa, ni despropósito”.
Pura bulla
Ante las alertas emitidas por distintas entidades del orden nacional de amenazas y presiones por parte de grupos armados ilegales sobre civiles de cara a las elecciones presidenciales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, desestimó los señalamientos del recrudecimiento de estos actos violentos.
“Aquí los grupos armados han estado repelidos por la fuerza pública. Usted recuerda que antes de las elecciones del 8 de marzo decían que había como 200 municipios y a veces hasta 300. La Defensoría del Pueblo dijo que había una alerta y no pasó absolutamente nada luego”, precisó el ministro en conversación con medios de comunicación.
Benedetti dijo que ante este panorama de solo amenazas y no acciones concretas de los violentos “es más bulla electoral que realmente la verdad”.
Incluso se refirió al reforzamiento de los esquemas de seguridad de las candidaturas presidenciales: “Hay esquemas robustos donde tienen 30 policías, tienen más de 10 de la URP cuando se desplazan a otra parte, tienen 50, 60 miembros de la actividad de inteligencia”.
“Hemos hecho un esfuerzo sin igual”, precisó la mano derecha del presidente Petro al tiempo que afirmó que quien cuestione al Gobierno por no hacer nada al respecto de la seguridad de los candidatos “está haciendo show”.
Acción de los grupos ilegales
En su más reciente informe de seguridad, la Misión de Observación Electoral, MOE, concluyó que el comportamiento electoral en la ruralidad colombiana responde más a dinámicas locales, identidades políticas históricas y la resiliencia de las estructuras partidistas tradicionales que a un constreñimiento directo por parte de actores armados.
De acuerdo con el observatorio, “la tesis de una alineación directa entre el control territorial ilegal y el apoyo a una fuerza política específica no se puede confirmar”.
“La ruralidad sigue siendo un escenario de disputa política plural, donde el éxito de nuevas fuerzas es un fenómeno focalizado y no se puede afirmar que derive directamente de la presencia armada”, explicó la MOE en el documento.
