El anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre la imposición de “condenas” de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” a dos funcionarios del Cuerpo Técnico (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de tres años a dos miembros de la Policía a los que tiene secuestrados desde el año pasado, generó el rechazo de la Defensoría del Pueblo, en palabras de la defensora Iris Marín.
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“Estas personas llevan cerca de un año secuestradas con afectaciones a su salud física y mental, afectaciones que agravan y aumentan su sufrimiento y el de su familia, así como la preocupación por su bienestar y, particularmente, negando a sus hijos e hijas el derecho a crecer con sus padres.”, se lee en una publicación de la Defensoría.
La defensora Iris Marín catalogó el hecho como “inadmisible”. y recordó que el secuestro “está completamente prohibido por el derecho internacional humanitario”.
“La libertad debería haber sido inmediata e incondicionada, el hecho de que, digamos, hagan una especie de juicio no válida de esta privación de la libertad y seguimos pidiendo la libertad inmediata, incondicional, porque están poniendo unas condiciones para poder habilitar la libertad de estas personas”, agregó Marín.
La funcionaria le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que haya una atención directa a las familias y para fortalecer los esfuerzos para propiciar la liberación de estas personas.
“Las familias se han sentido solas, han acudido, pues hemos escuchado desde la Defensoría del Pueblo el clamor de las familias, pero han sentido que no ha habido suficiente”, declaró.
Sobre el llamado “juicio revolucionario” aplicado por el ELN, Marín explicó: “Ellos están tratando de mostrar una cierta legalidad en la privación de la libertad dentro de su propio ordenamiento. Sin embargo, reitero, la privación, la toma de rehenes, la privación arbitraria de la libertad es un delito no solo bajo el ordenamiento nacional, sino en el internacional. Estas personas tienen que ser puestas en libertad y no importa, digamos, este procedimiento no valida la práctica que sigue siendo una práctica ilegal e ilegítima”.
Las víctimas son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, miembros del CTI secuestrados en mayo de 2025 en el departamento de Arauca y quienes, según un comunicado leído por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, deberán permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses respectivamente por “pertenecer a un organismo del Estado” al que acusa de cometer “crímenes de lesa humanidad”.
De igual forma, los policías de la dirección de investigación criminal (Dijin) Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio pasado, fueron “condenados” respectivamente a 36 y 32 meses de lo que el ELN llama “prisión revolucionaria”, por “los delitos de espionaje y perfidia”.
