El retiro parcial de las cesantías es un derecho que tienen los trabajadores en Colombia para comprar vivienda o pagar estudios. Sin embargo, este beneficio no es dinero de bolsillo; viene con una responsabilidad que, si se descuida, puede costar el puesto.
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Así lo dejó claro la Corte Suprema de Justicia al confirmar que es completamente válido despedir con justa causa a un empleado que pidió sus cesantías, no demostró en qué las gastó y prefirió quedarse callado ante los reclamos de su jefe.
La decisión, liderada por la magistrada Marjorie Zúñiga Romero, respaldó el fallo de un tribunal que calificó la actitud del trabajador como una falta grave y una violación directa al reglamento interno de la compañía.
¿Lo pueden despedir por no justificar sus cesantías?
Para entender el caso, hay que mirar lo que dice la ley colombiana. Según el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo, las empresas no pueden simplemente entregar las cesantías y olvidarse del tema. Tienen la obligación estricta de vigilar y verificar que esa plata se use únicamente para lo que permite la ley. Si el empleador se desentiende y permite que se gaste en otra cosa, corre el riesgo de perder ese dinero.
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En este caso particular, el empleado solicitó sus ahorros con la idea de comprar los derechos de una herencia sobre una propiedad. Para demostrar que el negocio era real, el reglamento de su empresa le daba un beneficio de tiempo muy claro: Un plazo de 90 días calendario para presentar los papeles y soportes de la inversión.
Un tiempo que, por lo menos para la Corte, fue más que justo y razonable, ya que hacer los trámites de vivienda, escrituras o compras de propiedades toma su tiempo.
La Corte Suprema explicó cuándo puede iniciarse un proceso disciplinario por cesantías
El trabajador intentó defenderse diciendo que la empresa se había demorado mucho en iniciar el proceso para sancionarlo. Sin embargo, los magistrados revisaron la historia y le dieron la razón a la compañía por su paciencia.
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La empresa no actuó con rabia ni de inmediato; al contrario, le envió varias alertas escritas pidiéndole explicaciones. Solo cuando la administración confirmó el silencio total y la desatención del operario, lo citó formalmente a descargos para que se defendiera.
La Corte aclaró que avisar varias veces no significa que a la empresa no le importara o que hubiera perdonado la falta; simplemente demuestra que le dieron tiempo para defenderse y comprobar su responsabilidad.
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Finalmente, el alto tribunal dejó una regla de oro para las empresas: el tiempo para castigar a un empleado no expira automáticamente apenas se vence el plazo para entregar los soportes. El reloj para la compañía empieza a correr de verdad en el momento exacto en que la administración confirma que el trabajador no legalizó la plata, no pidió más tiempo, no cambió el destino del dinero y, además, se negó a responder las cartas.




















