El homicidio ocurrió en agosto de 2011 en Bogotá. Los uniformados participaron en la modificación de la escena del crimen.
El funcionario más poderoso del gabinete Petro enfrenta su mayor crisis tras el allanamiento a su vivienda, nuevas denuncias sobre su patrimonio y la reactivación de procesos claves.
El ex secretario de Transparencia de la Presidencia hizo la solicitud ante el organismo de control disciplinario.
La defensa del excongresista había solicitado recientemente que se levantara la medida de aseguramiento, argumentando que no existían riesgos de fuga ni de obstrucción a la justicia.
El congresista también cuestionó la cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales reportada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), argumentando que ha sido “manipulada para fines políticos”.