Este jueves 23 de abril, desde las 2:00 de la tarde, se llevó a cabo en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la audiencia de acusación en contra de Álvaro Leyva.
La Fiscalía, sin la presencia de Leyva, acusó de manera formal al excanciller por presunto prevaricato en el caso de los pasaportes.
La acusación señala que Leyva habría actuado de manera arbitraria al terminar el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons y al intervenir en el proceso licitatorio para la expedición de pasaportes.
El ente acusador también indicó que el exfuncionario declaró desierta la licitación en septiembre de 2023 y posteriormente inadmitió un recurso de reposición presentado por la firma. Cabe aclarar que la empresa mencionada era la única que cumplía con los requisitos.
En la audiencia, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores aseveró que Leyva suscribió tres resoluciones en contra de la ley. Primero con la que se declaró desierta la licitación pública; la resolución que resolvió el recurso de reposición contra esa decisión; y la resolución con la que se declaró la urgencia manifiesta. La Cancillería pidió que se declarará a la entidad como víctima en el caso y la Corte lo certificó.
“Las citadas conductas han generado un daño reputacional al buen nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, generando incertidumbre respecto a la expedición de pasaportes. En lo que corresponde al daño, el Ministerio presentará su cuantificación en la etapa probatoria correspondiente”, dijo el representante de la Cancillería.
En cuanto a declarar como víctima a la Cancillería, en la audiencia la Sala respondió en palabras de la magistrada Blanca Nélida Barreto: “En el presente asunto, las decisiones presuntamente prevaricadoras atribuidas al excanciller Álvaro Leyva habrían impactado de manera directa el buen nombre de la cartera ministerial”.
De parte de la defensa de Leyva, se reclamó: “¿Desde qué momento la resolución que declaró desierta la licitación de pasaportes deja de ser una discrepancia administrativa y se convierte en una infracción penal?”.
Se añadió: “La señora fiscal, en su escrito de acusación, hace un extenso desarrollo narrativo del proceso licitatorio y, como de lo que se trata es de aclarar esta situación para establecer un supuesto prevaricato, me gustaría esa precisión”.
