A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia rechazaron el anuncio del ELN sobre “condenas” y “juicio revolucionario” a cuatro personas que mantiene secuestradas.
“Colombia es un Estado Social de Derecho, que se rige por la Constitución de 1991, cuyo mandato establece que son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado, los encargados de administrar justicia. El respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado Social de Derecho”, se lee en el escrito.
En el mismo comunicado, las entidades hicieron un llamado al respeto por la vida y a la libertad de los secuestrados. También agradecieron a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr su liberación sin condicionamientos.
“El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país”, se lee en la misiva.
De igual forma, expresaron que los secuestrados deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada.
Las víctimas son Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, miembros del CTI secuestrados en mayo de 2025 en el departamento de Arauca y quienes, según un comunicado leído por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, deberán permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses respectivamente por “pertenecer a un organismo del Estado” al que acusa de cometer “crímenes de lesa humanidad”.
De igual forma, los policías de la dirección de investigación criminal (Dijin) Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, secuestrados también en Arauca en julio pasado, fueron “condenados” respectivamente a 36 y 32 meses de lo que el ELN llama “prisión revolucionaria”, por “los delitos de espionaje y perfidia”.
