La Fiscalía frenó este martes 12 de mayo la solicitud del Gobierno Petro de suspender las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo, que tiene como objetivo facilitar su traslado en junio a dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) creadas como parte de las negociaciones con ese grupo armado.
El Gobierno hizo la solicitud el pasado viernes, pero la Fiscalía respondió hoy que es necesaria más claridad sobre los alcances de lo acordado con el Clan del Golfo, también llamado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y sobre la situación jurídica de algunos de sus integrantes.
“La Fiscalía General de la Nación informa que resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las Zonas de Ubicación Temporal que impliquen no ejecutar, de manera general, automática e inmediata órdenes de captura antes del 25 de junio de 2026”, señaló la entidad en un comunicado.
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Vale mencionar que entre los beneficiados por esta solicitud estaría Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo, tras la extradición de alias Otoniel. Además, la resolución incluye a Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo.
Luego del anuncio de la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro inmediatamente intentó zafarse de la responsabilidad de la solicitud realizada por su gobierno argumentando que desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada Otty Patiño, no le consultaron previamente.
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Desde su cuenta de X, el mandatario señaló que no ha solicitado la suspensión de la orden de captura contra alias Chiquito malo y tampoco autorizó lista de los primeros cuatrocientos combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba.
“La comisión de paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables, estaba en sus funciones, pero no fue consultada esa decisión al presidente que ha sido claro en que en las primeras fases del proceso no actúan extraditables”, escribió el jefe de Estado.
“Solo si hay un proceso avanzado de paz, como dice la ley, el presidente puede suspender órdenes de extradición”, añadió.
Asimismo, el presidente Petro aseguró que este martes se realizará la lista completa de 400 integrantes del grupo armado, pero sin incluir extraditables.
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“Así que la reunión de evaluación que se hizo de la resolución de la comisión de paz, continúa hoy y se hará la lista completa de 400 integrantes del llamado EGC sin extraditables como ya lo ordené y solo el cumplimiento de los acuerdos en desmantelamiento de economía ilícita y respeto a la población civil determinarán si el proceso se declara en estado avanzado”, puntualizó.
Acuerdo en Doha
Las partes acordaron el 5 diciembre pasado en Doha que más de 400 combatientes del Clan del Golfo se desplazarán a Tierralta, en el departamento caribeño de Córdoba (norte), y a Belén de Bajirá, en Chocó (oeste), para instalarse en las ZUT.
Este acuerdo incluye además una etapa inicial de “construcción de confianza” y la sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo armado ilegal: Mutatá, en Antioquia (noroeste), y en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó, fronterizo con Panamá.
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Igualmente, el convenio establece que su traslado será “gradual y progresivo” y se adoptarán “las medidas para brindar garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes” durante su desplazamiento, “incluyendo la suspensión de ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición”.
Al respecto, la Fiscalía señaló que entre las 29 personas incluidas en el listado para levantamiento de órdenes de captura “se encuentra Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, requerido en extradición por los Estados Unidos”, por lo que instó a “honrar los compromisos de cooperación judicial en materia de la persecución de delitos trasnacionales”.
“Dicha solicitud ya cuenta con concepto favorable proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 10 de diciembre de 2025”, agregó la entidad.
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La Fiscalía advirtió además “que la suspensión temporal de órdenes de captura y la puesta en funcionamiento de las ZUT no interrumpen el ejercicio de la acción penal ni afectan las competencias constitucionales y legales de investigación, acusación y juzgamiento” que corresponden a esa entidad y a la justicia penal ordinaria.
El Clan del Golfo, que tiene 9.840 integrantes, según un estudio de enero pasado de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se dedica principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.
