La Superintendencia de Salud resolvió imponer una medida cautelar a la Clínica Juan N. Corpas, ubicada en Bogotá, tras evidenciar fallas que “comprometen la seguridad de los pacientes” y la adecuada prestación de los servicios de salud.
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“La decisión se tomó luego de una auditoría realizada entre el 20 y el 24 de abril de 2026, en la que el equipo de inspección, vigilancia y control identificó múltiples irregularidades relacionadas con la capacidad instalada, el manejo de medicamentos, la seguridad del paciente y la gestión del talento humano”, argumentó la entidad para justificar la medida cautelar.
Como parte de la medida, la Supersalud ordenó la pausa provisional de las acciones que “ponen en riesgo la vida e integridad física” de los usuarios y exigió la implementación inmediata de correctivos.
“Durante la auditoría se encontraron inconsistencias entre la capacidad instalada real de la clínica y la información reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). Según los hallazgos, la clínica mantiene habilitados servicios que actualmente no presta y presenta diferencias entre las camas, camillas y consultorios registrados oficialmente y los que realmente están en operación”.
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Para la entidad vigilante de la salud esta situación afecta la confiabilidad de la información pública del sistema, dificulta los procesos de referencia y contrarreferencia y genera barreras de acceso para los usuarios de la clínica.
En el recorrido realizado por los auditores también evidenciaron fallas en la comunicación con pacientes y familiares, registros incompletos en historias clínicas y “debilidades” en la implementación de prácticas de seguridad del paciente.
“En el área farmacéutica, la Supersalud encontró almacenamiento inadecuado de medicamentos, ausencia de controles efectivos sobre fechas de vencimiento, deficiencias en las condiciones de conservación y falta de trazabilidad de dispositivos médicos e insumos. Además, se identificaron medicamentos preparados sin rotulación y en espacios que no cumplen las condiciones exigidas por la normatividad”, precisó la entidad.
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Pero no todo se limita al servicio prestado a los pacientes, los empleados del centro de salud también sufren las consecuencias de las deficiencias administrativas: con vacantes recurrentes en enfermería, ausencia de un estudio formal sobre necesidades de personal y retrasos en pagos de salarios, seguridad social y honorarios a contratistas, “situación que representa riesgos operativos y financieros para la prestación de los servicios”.
Por ello, ordenó la Supersalud, la clínica también deberá presentar un plan de pagos para saldar las obligaciones laborales y contractuales pendientes, además de remitir a la Supersalud un plan de trabajo detallado dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la resolución, realizada el 5 de mayo.
Asimismo, ordenaron la actualización inmediata de servicios de salud reportada en el REPS, el fortalecimiento de las prácticas de seguridad del paciente y la implementación de controles estrictos para el almacenamiento y seguimiento de medicamentos.
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Asimismo, la clínica deberá ejecutar 84 procedimientos de cirugía ambulatoria pendientes en un plazo máximo de tres meses y resolver 694 consultas especializadas represadas en un periodo no superior a seis meses.
