El Consejo de Estado advirtió que resultan “inquietantes” los señalamientos del presidente Gustavo Petro y de integrantes del Gobierno frente a la decisión de esta alta corte de suspender provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno Nacional para reglamentar el traslado de $5 billones de fondos privados (Colfondos, Protección, Porvenir y Skandia) hacia Colpensiones, en lo que tiene que ver con los ahorros de los pensionados y trabajadores que se cambiaron del sistema privado al público, en el marco de la ventana de oportunidad, que se avaló en la reforma pensional.
El Ejecutivo aseveró que la providencia de la corporación “impide el pago de las obligaciones pensionales de los afiliados trasladados a Colpensiones”.
En este sentido, el Consejo de Estado advirtió este martes en un comunicado que “las palabras expresadas por el presidente de la República de Colombia en una red social de amplia difusión requieren y exigen una respuesta institucional oportuna, clara y contundente por parte del Consejo de Estado al que hoy se dirigen los señalamientos. El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”.
El presidente Gustavo Petro había ‘trinado’ el pasado lunes: “El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador. La Constitución de 1991 floreció en derechos para la gente. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de estado contra el pueblo constituyente y soberano”, agregando que “la Corte Constitucional tiene la oportunidad histórica de dignificar la justicia colombiana. Ojalá lo haga”, y concluyendo que “ante la injusticia, poder constituyente del pueblo”.
Por ello, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo cuestionó que “inquietan las manifestaciones del presidente de la República y de otras cabezas del sector ejecutivo. La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de Derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar. La libertad de expresión, cuyo ejercicio garantiza nuestro ordenamiento y protegemos los jueces de República, no puede ser invocada para edificar mensajes que privilegian el impacto, y que no solo ponen en peligro la integridad institucional, sino que amenazan la integridad física de las personas que, al tomar decisiones con fundamento en el ordenamiento jurídico, se les pretende judicializar y se les califica como trasgresoras de ese mismo ordenamiento que defienden”.
Expone también el comunicado de la alta corte que “cuando los poderes se controlan, incómoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos. El control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías. La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la misma Constitución Política, esto es, provienen, directamente, de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca”.
