Los magistrados Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala de Casación Penal, en nombre de ese alto tribunal respaldaron la decisión de la Fiscalía que mantiene las órdenes de captura contra varios miembros del Clan del Golfo.
“La Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Penal informan que respaldan el criterio que la señora Fiscal General de la Nación expresó a través de la Resolución 142 del 11 de mayo de 2026”, se lee en un breve comunicado difundido por el alto tribunal.
Y siguieron: “Comparten los planteamientos que formuló a fin de constatar que todas las medidas adoptadas en el marco de la implementación de la Zonas de Ubicación Temporal deben, necesariamente, estar precedidas de información suficiente y verificable sobre el cumplimiento de los condicionamientos legales, establecidos respecto al proceso de paz”.
La corte insistió en el “respeto que debe tenerse en relación con los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de cooperación judicial”.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, decidió firmar el pasado 5 de mayo una resolución en la que no accede a las pretensiones del Gobierno Nacional de levantar las órdenes de captura contra varios los miembros del grupo criminal, medida con la que se vería beneficiado Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo, tras la extradición de alias Otoniel.
Además, la resolución incluye a Tatiana Andrea Correa Jaramillo, José Francisco Peña y Luis Enrique Martínez Cogollo.
La propuesta buscaba un proceso de conversación sociojurídica con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, antes Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
La Fiscalía condicionó la suspensión de órdenes de captura con el cumplimiento de una serie de compromisos como “el cese de crímenes que vulneren el Derecho Internacional Humanitario (DIH), la entrega de menores reclutados y el fin de las actividades económicas ilícitas”.
