La discusión sobre la nueva Jurisdicción Agraria volvió a generar debate tras las advertencias realizadas por el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, quien alertó sobre posibles cambios en las competencias de los jueces dentro de los conflictos relacionados con tierras rurales en Colombia.
Durante una entrevista con ‘La FM’, Bedoya afirmó que el punto central de la discusión se concentra en el artículo noveno del proyecto, el cual definiría quién tendría la facultad de tomar decisiones en los procesos agrarios y si se mantendrían las garantías judiciales actualmente existentes.
¿Quién decidirá los conflictos de tierras?
Según explicó el dirigente gremial, el decreto ley 902 de 2017 estableció que los conflictos sobre tierras deben ser resueltos por jueces de la República como parte de una rama judicial independiente.
“Todos los procesos agrarios los debería decidir un juez”, afirmó Bedoya al referirse al modelo vigente.
De acuerdo con su análisis, aunque la creación de una Jurisdicción Agraria especializada busca fortalecer la atención de estos casos, el proyecto actualmente en discusión modificaría las competencias judiciales. “Quieren crear la jurisdicción y quitarle las competencias a los jueces”, sostuvo.
El presidente de la SAC cuestionó además el argumento relacionado con la agilidad de los procesos judiciales. “Dicen que no son ágiles, pero entonces para qué quitarles las competencias”, señaló durante la entrevista.
La Agencia Nacional de Tierras asumiría decisiones directas sobre linderos y propiedad rural
Bedoya explicó que uno de los principales cambios estaría relacionado con la definición de linderos y disputas sobre propiedad rural.
Actualmente, indicó, el procedimiento contempla que la Agencia Nacional de Tierras investigue los casos y posteriormente un juez adopte la decisión final. “Hoy la agencia investiga y un juez decide”, precisó.
Sin embargo, advirtió que la propuesta permitiría que la Agencia Nacional de Tierras adopte decisiones administrativas directas sobre estos procesos. “La agencia diría que esos no son sus linderos y toma la decisión”, afirmó.
Según explicó, bajo ese esquema el ciudadano tendría que acudir después ante un juez para controvertir la determinación adoptada por la entidad estatal. “Después le dicen que vaya y se queje ante un juez”, expresó.
La SAC asegura que el proyecto podría afectar las garantías judiciales de los propietarios rurales
Para el presidente de la SAC, la discusión tiene implicaciones sobre las garantías procesales de los propietarios rurales y sobre el papel que mantendrían los jueces en la resolución de conflictos agrarios.
“Es una diferencia enorme entre tener garantías judiciales o no tenerlas”, manifestó Bedoya al insistir en la necesidad de preservar la intervención judicial dentro de estos procedimientos.
El dirigente gremial también señaló que, según la propuesta, la Agencia Nacional de Tierras concentraría funciones de trámite y decisión dentro de los procesos agrarios. “Tendría el poder absoluto de tramitar y decidir los procesos”, afirmó.
En ese contexto, reiteró que el modelo actual mantiene a los jueces como eje central de las decisiones sobre tierras rurales. “Los jueces son los que tienen que decidir”, sostuvo.
Finalmente, Bedoya recordó que existen pronunciamientos recientes que respaldan la permanencia de la fase judicial dentro de estos procesos y aseguró que el debate continuará en el Congreso. “Vamos a ver qué dicen los magistrados”, concluyó sobre la discusión de la Jurisdicción Agraria en Colombia.
