La violencia armada sigue profundizando la crisis humanitaria en varias regiones del Caribe colombiano. Así lo advirtió un reciente informe de organismos de Naciones Unidas, que alertó sobre el fortalecimiento de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, así como el aumento de las afectaciones contra la población civil en departamentos como La Guajira, Magdalena, Sucre, Bolívar, Atlántico y Cesar.
El documento expone una preocupación creciente por la reconfiguración del conflicto armado, impulsada por disputas territoriales alrededor de economías ilícitas y corredores estratégicos. Según el informe, esta situación ha derivado en desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, violencia sexual, reclutamiento de menores y restricciones a la movilidad y al acceso a la información.
Entre las regiones más golpeadas aparecen la Sierra Nevada de Santa Marta.
Uno de los puntos que más inquieta a Naciones Unidas es el incremento de los desplazamientos y confinamientos durante 2025. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó 1.753 víctimas de desplazamientos masivos y 5.381 personas confinadas, principalmente en eventos ocurridos en La Guajira, Córdoba, Magdalena y Sucre.
La situación también golpea con fuerza a líderes sociales y defensores de derechos humanos. El informe señala que en la región Caribe fueron asesinadas 11 personas defensoras durante 2024, lo que representa un aumento del 175 % frente a periodos anteriores. Atlántico, Bolívar, Cesar y La Guajira figuran entre los departamentos más afectados.
Además, el 70 % de los homicidios verificados tendrían como presuntos responsables a grupos armados ilegales y organizaciones criminales.
“La violencia en el Caribe muchas veces no se refleja en cifras escandalosas porque existe un debilitamiento histórico de los procesos organizativos y un temor constante a denunciar”, advierte el documento.
Las masacres también mantienen en alerta a las autoridades y organismos internacionales. En la región Caribe fueron verificados 11 casos con 34 víctimas, en su mayoría hombres jóvenes. Atlántico encabeza la lista con cinco hechos registrados.
Otro de los puntos más delicados es el reclutamiento y utilización de niños y niñas por parte de grupos armados. Naciones Unidas verificó 150 casos a nivel nacional, de los cuales 63 involucraban menores pertenecientes a pueblos étnicos.
La ONU expresó especial preocupación por el uso de redes sociales como herramienta para captar menores, exaltando el dinero fácil, la violencia y las economías ilegales.
“La realidad es muy grave”, advirtió el informe, que además reveló la muerte de 30 menores en situación de reclutamiento, incluidos 15 fallecidos durante operaciones militares.
La afectación al derecho a la educación también aparece como una de las consecuencias más graves del conflicto. En Magdalena y La Guajira se registraron casos de ocupación de escuelas por grupos armados y suspensión de clases debido a enfrentamientos en comunidades indígenas y campesinas de la Sierra Nevada.
En La Guajira, además, se reportó el asesinato de una docente indígena Wiwa que acompañaba a niñas víctimas de violencia sexual.
