Sin efectos quedó el Decreto 572 de 2025 expedido por el Gobierno nacional y con el que se aumentaba la retención en la fuente para las empresas luego de que el Consejo de Estado resolviera suspenderlo de manera provisional.
Para el alto tribunal, el Ejecutivo no dio una razón suficiente así como tampoco brindó los estudios adecuados que soportaran el alza en las tarifas de retención y autorretención en la fuente.
Con el decreto, emitido el 28 de mayo del año pasado, los contribuyentes pagaban de manera anticipada una parte del impuesto de renta que corresponde al año 2026 con el fin de aliviar las presiones de caja que enfrentaba el Gobierno en 2025.
Las actividades económicas que tuvieron más autorretención en la fuente, con una tarifa de 4,5 %, fueron la extracción de hulla (carbón de piedra), extracción de gas natural, extracción de oro y otros metales preciosos, generación de energía eléctrica, comercialización de energía eléctrica, producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; captación, tratamiento y distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales y recolección de desechos no peligrosos.
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Con tarifas de 3,5 % estuvieron las actividades de construcción de edificios residenciales, construcción de carreteras y vías de ferrocarril, demolición, preparación del terreno, terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil, otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, transporte fluvial de carga, transporte de pasajeros y de carga marítimo y de cabotaje, transporte de tuberías, transporte de carga por carretera, transporte férreo de pasajeros y de carga, entre otros.
Sin embargo, lo clave de esta medida fue que se trató de una forma indirecta de ampliar la base gravable del impuesto de renta, según expertos, lo que en otras palabras significa que muchas más personas naturales y jurídicas terminaron pagando renta sin haber sido incluidas formalmente como contribuyentes mediante una ley del Congreso.
En su momento los economistas advirtieron que era el ciudadano de a pie el que se terminaba afectando debido a que las tarifas impactaron al sector de transporte de carga, lo que pudo encarecer los costos logísticos de los productos de la cadena de distribución, lo que pudo haber generado una mayor inflación.
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En esa misma línea, para ese entonces el Consejo Gremial Nacional también señaló que esto castigaría el flujo de caja de las empresas, los trabajadores formales, los independientes y los pequeños comerciantes.
