Antes de que Alfredo Saade, actualmente embajador de Colombia en Brasil y conocido por sus posturas polémicas, llegara a ocupar un cargo de alta visibilidad en el gobierno de Gustavo Petro, ya había tenido acercamientos contractuales con el Estado. Uno de ellos se dio en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que ha estado bajo múltiples cuestionamientos.
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Ese vínculo contractual pasó desapercibido en el debate público durante un tiempo, hasta que este lunes 4 de mayo se reveló que la Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos contra dos exdirectivos de la UNGRD por posibles irregularidades en el proceso de contratación en el que fue vinculado Saade.
Según el expediente, Víctor Andrés Meza, quien se desempeñó como subdirector general, y Ana María Castaño, exsecretaria general, habrían pasado por alto procedimientos de verificación y control al autorizar dicho contrato. En este caso, Saade fue contratado para labores de apoyo jurídico, y el ente de control considera que ambos exfuncionarios podrían haber incurrido en faltas graves relacionadas con la selección y supervisión del acuerdo.
Asimismo, el contrato fue firmado en 2023 y alcanzó un valor cercano a los 257 millones de pesos, lo que representaba pagos mensuales superiores a los 20 millones. Uno de los puntos que hoy genera debate tiene que ver con la acreditación de la experiencia exigida.
De acuerdo con la Procuraduría, la entonces secretaria general habría validado que Saade cumplía con los requisitos, basándose en una declaración juramentada sobre su paso por la ‘Fundación Levantemos los Muros Caídos’, sin que existieran soportes suficientes que demostraran esas funciones.
Además, el proceso disciplinario se originó tras una denuncia presentada en el año 2024 por el representante electo Daniel Briceño, quien cuestionó la veracidad de los informes entregados por Saade como sustento de los pagos recibidos durante la ejecución del contrato.
“Cada documento adjuntado por el señor Saade evidencia que los colombianos en realidad le estábamos pagando por escribir sandeces en redes sociales y no por hacer su trabajo”, dijo Briceño.
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Finalmente, el caso hace parte de una serie de revisiones que actualmente se adelantan sobre la contratación dentro de la UNGRD, entidad que ha sido objeto de múltiples investigaciones por presuntas fallas administrativas y contractuales. En este proceso particular, la atención está centrada en establecer si se cumplieron los requisitos legales para la vinculación de Saade y si hubo omisiones en los controles internos que permitieron la firma y ejecución del contrato.
Hasta el momento, el proceso disciplinario continúa su curso contra los exfuncionarios señalados, con la revisión detallada de los documentos, soportes y demás evidencias que integran el expediente del contrato. Será el Ministerio Público el encargado de tomar una decisión de fondo, tras evaluar si en la contratación se cumplieron o no las normas vigentes y si existieron fallas en materia de transparencia y legalidad.
