En medio de la controversia por la prórroga de la intervención a la Nueva EPS, la Procuraduría General de la Nación inició una inspección a la Superintendencia de Salud para esclarecer posibles irregularidades en el proceso.
La diligencia fue ordenada por el procurador general, Gregorio Eljach, quien solicitó recolectar pruebas y revisar documentos que permitan determinar si la extensión de la medida se ajustó a la ley. Según se conoció, el ente de control evaluará si hay lugar a abrir investigaciones disciplinarias contra funcionarios involucrados.
Las dudas se centran en la forma en que la Superintendencia habría tramitado la prórroga, ya que, al parecer, se expidió sin cumplir todos los requisitos, entre ellos el aval del Comité de Medidas Especiales y con inconsistencias en el acto administrativo.
La inspección también busca verificar denuncias internas que advierten posibles fallas en el procedimiento y en decisiones clave, como la designación del nuevo agente interventor.
Esto ocurre luego de que la Superintendencia decidiera extender por un año más la intervención sobre la Nueva EPS, argumentando problemas financieros y operativos que aún no han sido superados.
Sin embargo, los propios superintendentes delegados de la Supersalud advirtieron ante el Ministerio Público las posibles irregularidades en la decisión, lo que profundizó la polémica alrededor del manejo de la entidad.
¿Qué advirtieron los superintendentes delegados?
El pasado 10 de abril, el Comité sesionó sobre el futuro de la Nueva EPS, y la superintendente ad hoc para esa entidad de salud, Luz María Múnera, manifestó su decisión de prorrogar la toma forzosa.
El Comité, por unanimidad, se opuso, precisamente porque no existía ningún informe de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
El mismo 10 de abril, la Superintendencia expidió la resolución que ordena intervenir a la Nueva EPS, descartando la postura del Comité y manifestando que en la sesión de ese día “se decide la toma de posesión e intervención forzosa administrativa”.
En el reciente informe dirigido al Ministerio Público, la Supersalud solicitó no tomar “decisiones que no cuenten con el debido soporte técnico”.
El documento también advierte que lo ocurrido podría contradecir principios básicos del debido proceso administrativo, al no respetarse los pasos técnicos requeridos antes de adoptar una medida de este alcance.
En paralelo, se evidenció un empeoramiento en la situación financiera de la EPS durante el periodo de intervención. Las deudas relacionadas con servicios de salud crecieron significativamente, al igual que las obligaciones pendientes con clínicas y hospitales.
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Finalmente, el informe menciona cuestionamientos sobre el perfil del actual agente interventor, Jorge Iván Ospina, indicando que, aunque cuenta con formación médica, no cumpliría con todos los requisitos de experiencia exigidos para asumir esa responsabilidad.
