La Corte Constitucional de Colombia emitió un fallo que redefine la forma en que las plataformas digitales deben gestionar los contenidos de sus usuarios en el país. La decisión, contenida en la sentencia T-256 de 2025, surge a partir del caso de la creadora de contenido Esperanza Gómez, cuya cuenta en Instagram fue eliminada por Meta Platforms, Inc. en circunstancias que, según el tribunal, vulneraron derechos fundamentales.
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El análisis de la Corte concluyó que la actuación de la compañía no cumplió con estándares básicos como la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. Además, identificó inconsistencias en la aplicación de las normas de la plataforma, así como un trato desigual frente a otros perfiles que publicaban contenido similar.
La eliminación de la cuenta de Esperanza Gómez vulneró derechos fundamentales, según la Corte
El alto tribunal determinó que la suspensión de la cuenta no solo afectó la libertad de expresión de la creadora, sino también su derecho al debido proceso y a la igualdad. En particular, cuestionó que la decisión se adoptara sin brindar explicaciones claras ni mecanismos efectivos para que la afectada pudiera controvertir la sanción.
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La Corte también señaló que el procedimiento de moderación careció de transparencia. Esta falta de claridad impidió que la usuaria entendiera las razones específicas de la medida, limitando de manera significativa su actividad en el entorno digital donde desarrollaba su trabajo.
Meta deberá ajustar sus políticas de Instagram para garantizar mayor claridad y acceso a los usuarios
Más allá del caso individual de la actriz para adultos, la sentencia introduce órdenes concretas dirigidas a Meta con el objetivo de transformar su relación con los usuarios en Colombia.
Entre las principales medidas, se destaca la obligación de habilitar un canal claro y accesible para recibir notificaciones judiciales dentro del país, una dificultad que quedó en evidencia durante el proceso.
Asimismo, la empresa deberá revisar y ajustar las condiciones de uso de Instagram y su política de privacidad. El propósito es que los usuarios comprendan con precisión los motivos por los cuales se elimina una cuenta, el tiempo durante el cual se conserva su información y los mecanismos disponibles para apelar decisiones de moderación.
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Otro de los puntos clave del fallo es la necesidad de unificar y traducir al español las políticas relacionadas con desnudos, actividad sexual y servicios sexuales entre adultos. La Corte encontró que estas normas están dispersas y, en algunos casos, solo disponibles en inglés, lo que dificulta su comprensión por parte de los usuarios hispanohablantes.
La Corte exige mayor transparencia en la moderación de contenidos en Colombia
La decisión también establece que Meta deberá ofrecer mayor claridad sobre sus reglas de moderación. Esto incluye explicar cómo funciona su sistema de sanciones y si se tienen en cuenta conductas realizadas fuera de la plataforma al momento de tomar decisiones.
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Además, el tribunal instó a la compañía a publicar informes periódicos sobre sus decisiones de moderación en Colombia, una práctica que ya se implementa en otras regiones. Con esto, se busca fortalecer la transparencia y permitir un mayor control sobre el impacto de estas medidas en los usuarios.
La Corte reconoció que la moderación de contenidos es necesaria para evitar la difusión de material ilegal, como la explotación sexual o la pornografía infantil. Sin embargo, advirtió que estas facultades no pueden ejercerse de manera arbitraria ni sin controles claros.
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En el caso específico de Esperanza Gómez, el tribunal ordenó a Meta abstenerse de imponer restricciones injustificadas a su cuenta actual y garantizar que cualquier medida futura esté debidamente sustentada.
Aunque la sentencia no incluyó una indemnización económica, sí dejó abierta la posibilidad de que la creadora acuda a la justicia civil para reclamar eventuales perjuicios derivados de la eliminación de su cuenta.
El Gobierno colombiano deberá avanzar en la regulación de influencers y plataformas digitales
La Corte también instó a entidades como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio TIC y la Superintendencia de Industria y Comercio a avanzar en la creación de una regulación específica para influencers.
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El objetivo es definir con mayor claridad los derechos y deberes de quienes desarrollan actividades económicas a través de plataformas digitales, así como precisar las responsabilidades de las empresas tecnológicas en estos entornos.
