La Procuraduría General de la Nación recibió un informe de un grupo de delegados de la Superintendencia de Salud sobre la prórroga de la intervención a la Nueva EPS, el cual fue descrito por la entidad como “irregular”.
Asimismo, la Supersalud advirtió fallas en la toma forzosa del Gobierno nacional a esta Entidad Promotora de Salud.
El documento, que cuenta con 19 páginas, fue enviado por la Superintendencia Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, y advirtió de controles desatendidos, un interventor sin requisitos e informes omitidos.
Cabe señalar, que antes de intervenir una EPS o de prorrogar una medida de esta magnitud, es necesario un informe de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud, una instancia técnica adscrita a la Superintendencia que se encarga de supervisar la gestión de riesgos de las EPS.
Posteriormente, el Comité de Medidas Especiales, también de la Superintendencia pero más interdisciplinario, deberá lanzar un concepto a partir de deliberaciones. En ese sentido, estos pasos habrían sido ignorados por el Gobierno para la intervención de la Nueva EPS.
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Según el contexto, el pasado 10 de abril, el Comité sesionó sobre el futuro de la Nueva EPS, y la superintendente ad hoc para esa entidad de salud, Luz María Múnera, manifestó su decisión de prorrogar la toma forzosa.
El Comité, por unanimidad, se opuso, precisamente porque no existía ningún informe de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
El mismo 10 de abril, la Superintendencia expidió la resolución que ordena intervenir a la Nueva EPS, descartando la postura del Comité y manifestando que en la sesión de ese día “se decide la toma de posesión e intervención forzosa administrativa”.
En el reciente informe dirigido al Ministerio Público, la Supersalud solicitó no tomar “decisiones que no cuenten con el debido soporte técnico”.
Además, la Superintendencia gestionó ante la Procuraduría la ampliación de la medida de intervención, cuya vigencia inicial expiraba a comienzos de abril de 2026. Sin embargo, la falta de una respuesta oportuna por parte del Ministerio habría generado un vacío temporal en el que la EPS quedó sin una medida formal vigente.
¿Qué advierte el documento?
El documento también advierte que lo ocurrido podría contradecir principios básicos del debido proceso administrativo, al no respetarse los pasos técnicos requeridos antes de adoptar una medida de este alcance.
En paralelo, se evidenció un empeoramiento en la situación financiera de la EPS durante el periodo de intervención. Las deudas relacionadas con servicios de salud crecieron significativamente, al igual que las obligaciones pendientes con clínicas y hospitales.
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Finalmente, el informe menciona cuestionamientos sobre el perfil del actual agente interventor, Jorge Iván Ospina, indicando que, aunque cuenta con formación médica, no cumpliría con todos los requisitos de experiencia exigidos para asumir esa responsabilidad.
