En las últimas horas se ha agudizado la situación en el departamento de Antioquia por el paro minero, principalmente en municipios como Caucasia donde existe una creciente tensión por los bloqueos y la quema de embarcaciones.
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Ante ello, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exigió al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, que refuerce la presencia de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.
“Ministro Pedro Sánchez, no hay que esperar una tragedia para permitirle a la Fuerza Pública actuar”, manifestó Rendón, advirtiendo que la situación podría agravarse si no se toman medidas oportunas.
Asimismo, el mandatario departamental insistió en la necesidad de avanzar en el diálogo entre el Gobierno nacional y los mineros, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita acabar el conflicto. Sin embargo, alertó que la situación se ha salido de control en algunos sectores.
Rendón indicó que ya se han presentado actos de alteración del orden público, informando que en las últimas horas se reportó la quema de embarcaciones pertenecientes a empresas de minería legal, lo que aumenta la preocupación de las autoridades.
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“El diálogo con los manifestantes del paro minero no puede ser un cheque en blanco: están quemando embarcaciones de empresas de minería legal”, dijo el gobernador.
¿Cuáles son las principales peticiones de los mineros?
Las peticiones del sector minero ya fueron enviadas al Gobierno nacional, a través de los Ministerios de Minas, Ambiente y del Interior. Entre las tantas solicitudes, se destacan principalmente 12.
- Formalización minera ágil para pequeños y medianos productores.
- Suspensión de operativos de destrucción de maquinaria durante el diálogo.
- Apoyo estatal para implementar tecnologías limpias y eliminar el uso de mercurio.
- Creación de una mesa permanente de diálogo.
- Diferenciación entre minería criminal y minería tradicional.
- Garantías jurídicas para evitar judicializaciones masivas.
- Inversión social en infraestructura, salud, educación y saneamiento.
- Acceso a títulos mineros o subcontratos de formalización.
- Control a grandes empresas para evitar desplazamiento de pequeños mineros.
- Programas de reconversión laboral para quienes deseen abandonar la minería.
- Participación de comunidades mineras en políticas públicas.
- Mayor presencia integral del Estado en el territorio.
