Este lunes la Contraloría General de la República hizo un llamado al Gobierno nacional, particularmente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), para que redoble sus esfuerzos en procura de atender “pronta y adecuadamente” a los damnificados por las intensas lluvias de las últimas semanas en varios municipios del país.
Esto en el marco del Especial Seguimiento a los recursos asignados y al Decreto de Emergencia Económica declarado por el Gobierno nacional para la atención de los afectados por las emergencias.
A través de un comunicado, el ente de control indicó que hizo una visita técnica a las zonas inundadas de los municipios de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, en el departamento de Córdoba.
Tras la inspección, la Contraloría consideró que muchas de esas aguas ya están estancadas y que probablemente se necesitará bombeo mecánico para conducirlas a los ríos y caños cercanos, “de forma que se eviten mayores afectaciones físicas y a la salud de los damnificados, por el inicio de su proceso de descomposición”.
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También se pronunció sobre la presunta orden de eliminar los diques y compuertas ubicados en las zonas inundadas del departamento de Córdoba.
“La Contraloría General expresa su preocupación de que ello se haga sin verificar primero si estos tienen o no estudios hidráulicos y debida autorización de instalación y funcionamiento de la autoridad ambiental y demás competentes”, sostuvo.
Igualmente manifestó que, de llegarse a materializar esta presunta orden, se podrían generar males mayores y riesgos de afectación al patrimonio público, al modificarse el funcionamiento hidrológico de las zonas afectadas y desconocerse derechos adquiridos de forma legal.
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Destacó que a la fecha hay reportadas 81.114 familias (225.675 personas) afectadas en 25 municipios del departamento de Córdoba; 150.500 hectáreas de cultivos inundadas; 65 acueductos afectados; 16 centros de salud afectados; 464 instituciones educativas afectadas; 1.948 km de vías afectadas; 124 puentes vehiculares y 1 puente peatonal afectados, lo cual dimensiona el tamaño de la emergencia y la urgencia en que debe ser atendida.
“Lo anterior implica, además, que se debe priorizar y agilizar la entrega de ayudas a todos los damnificados”, pidió el ente.
De igual forma, reiteró su llamado a los entes territoriales a ser “rigurosos y ágiles” en la elaboración del Registro Único de Damnificados (RUD) y a adoptar, con acompañamiento ciudadano y conjuntamente con la UNGRD, las medidas de atención, prevención y mitigación necesarias para garantizar una pronta y adecuada protección de los damnificados.
Además, pidió una contratación transparente y efectiva de los servicios y obras necesarias para superar la emergencia. “A esta fecha, el reporte en el RUD alcanza el 95 % del estimativo de personas afectadas”, precisó.
Reiteró también que “urge garantizar una pronta y adecuada apropiación e inversión de los recursos asignados, de forma que no sea necesario replicar la advertencia a la Ungrd emitida a finales de 2023, por la muy baja ejecución de los recursos apropiados en virtud del Decreto 2113 de 2022″.
Por último, la Contraloría General señaló que ya está realizando un seguimiento al paquete de medidas tributarias que hasta ahora se han emitido en el marco de la implementación del Decreto de Emergencia Económica, Social y Ecológica Nro. 0150 de febrero 11 de 2026.
