En horas de la tarde de este lunes 26 de enero, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá se reunirá para tomar una decisión frente al conflicto de reparto que mantiene en suspenso la apelación contra la medida de aseguramiento dictada en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes permanecen privados de la libertad por su presunta vinculación con un entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías.
La controversia surgió luego de que Ramiro Riaño manifestara no tener competencia para resolver el recurso. Inicialmente, la magistrada Catalina Guerrero Rosas se declaró impedida para conocer la apelación interpuesta por Bonilla y Velasco, decisión que derivó en el traslado del expediente a otro despacho. No obstante, el magistrado Ramiro Riaño, al asumir el caso, llegó a la misma conclusión, generando así un bloqueo en el trámite judicial.
Asimismo, la Sala de Gobierno deberá determinar si la apelación es asignada a un despacho específico o si procede un nuevo reparto que permita destrabar el proceso. La discusión gira en torno a la aplicación de la Ley 2477 de 2025, normativa que introdujo modificaciones en el trámite de las apelaciones contra medidas de aseguramiento impuestas a funcionarios aforados, como ocurre en este caso que involucra a exintegrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro.
Por otro lado, la Sala de Gobierno está conformada por el presidente y el vicepresidente del Tribunal Superior de Bogotá, junto con los presidentes de las salas Penal, Laboral, Civil y de Familia. Quienes les corresponderá no solo resolver el conflicto puntual, sino también establecer lineamientos claros sobre la implementación de la nueva ley en procesos similares.
Mientras tanto, los abogados de Bonilla y Velasco insisten en que se revoque la decisión que ordenó su detención, con el objetivo de que puedan enfrentar el proceso en libertad, mientras el juicio de fondo avanza ante la Corte Suprema de Justicia.
Lea también: Tras siete años en la embajada de Turquía, Gobierno declara insubsistente al reconocido embajador Julio Riaño
Finalmente, la determinación que adopte el Tribunal será determinante, tanto para el futuro jurídico inmediato de los exministros como para sentar un precedente en la aplicación de la Ley 2477 de 2025, en medio de uno de los escándalos de corrupción más delicados que enfrenta actualmente el Gobierno nacional.
