Al menos 18 militares fueron secuestrados este domingo 21 de diciembre en zona rural del departamento del Chocó, por una multitud que al parecer buscaba impedir una operación contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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El hecho ocurrió en Carmen de Atrato donde “una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena”, señaló la XV Brigada del Ejército en un comunicado.
“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica y enfática cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la fuerza pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legitimas del Estado”, agregó la información.
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Ante esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió un mensaje de rechazo y afirmó que el secuestro de soldados constituye un delito grave.
“El secuestro de nuestros soldados constituye otros delitos graves, entre ellos la obstrucción a la función pública y otros tipos penales agravados, al tratarse de servidores públicos en cumplimiento de una misión constitucional. Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares.”, dijo el funcionario a través de un mensaje compartido desde su cuenta de X.
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“De manera paralela a la denuncia penal interpuesta ante la @FiscaliaCol, hemos activado todos los canales institucionales, con el acompañamiento del @MinInterior, de la Gobernación del Chocó y de organismos de derechos humanos, priorizando la vida e integridad de nuestros hombres y evitando cualquier riesgo para la comunidad.”, añadió Sánchez.
Asimismo, el ministro explicó que estas operaciones que adelantaban los militares eran con el propósito de proteger a la población civil.
“Estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil —en especial a las comunidades indígenas— frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia, así como dar respuesta a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.”, manifestó.
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Y agregó: “La Constitución y la ley son claras: la Fuerza Pública tiene el deber y la facultad de estar donde sea necesario para proteger la vida, la libertad y la seguridad de todos los colombianos.”
El secuestro o retención de militares por parte de civiles se ha vuelto frecuente en el conflicto en el que, según las autoridades, los habitantes de zonas remotas son “instrumentalizados” por guerrilleros o narcotraficantes para que impidan las operaciones en su contra.
Los casos más recientes ocurrieron en agosto pasado en el departamento del Guaviare (centro-sur), donde 34 militares fueron secuestrados por campesinos, y en septiembre otros 45 corrieron la misma suerte en el Cauca (suroeste). En ambos casos, todos fueron liberados días después con la mediación de misiones humanitarias.
Tras el caso en el Chocó, el Ejército hizo “un llamado urgente, respetuoso y perentorio a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación”.
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El secuestro de los militares se produjo el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas y de fin de año, una decisión que contrasta con la escalada de ataques y de intimidación de los últimos días en distintas regiones del país.
El cese al fuego comenzará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo al respecto que de parte del Gobierno “no existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección del pueblo colombiano”.
“La paz no puede depender de la voluntad de los criminales; la paz se construye con la fortaleza del Estado para que esas amenazas no existan”, puntualizó.
