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Solo era anunciar el cese al fuego unilateral para que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una ofensiva armada contra militares y civiles en distintos puntos del país, como antesala a su “receso” violento que irá desde el 24 de diciembre hasta el 3 de enero del año próximo.

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Las actividades ilícitas del grupo guerrillero iniciaron con el secuestro de dos mujeres y una bebé de dos meses de nacida en Tibú, pleno corazón del Catatumbo, en Norte de Santander, según denunció la propia comunidad el sábado pasado.

El último reporte del Puesto de Mando Unificado señala que desde el pasado 16 de enero se han registrado 86.079 personas desplazadas, 163 homicidios confirmados y más de 100 personas confinadas en diversos sectores del Catatumbo, perpetrados principalmente por el ELN que tiene una fuerte presencia en el lugar tras hacer el quite al Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Pero ahí no quedó todo, este domingo el Ejército Nacional dio a conocer que 18 militares fueron secuestrados en una zona rural del departamento del Chocó, en el oeste del país, por una multitud que al parecer buscaba impedir una operación contra la guerrilla.

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El hecho ocurrió en la localidad de Carmen de Atrato donde “una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena”, señaló la XV Brigada del Ejército en un comunicado.

“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica y enfática cualquier acción que vulnere la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la fuerza pública, así como toda conducta que obstaculice, interfiera o impida el desarrollo de las operaciones militares legitimas del Estado”, agregó la información.

El secuestro o retención de militares por parte de civiles se ha vuelto frecuente en el conflicto colombiano en el que, según las autoridades, los habitantes de zonas remotas son “instrumentalizados” por guerrilleros o narcotraficantes para que impidan las operaciones en su contra.

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Los casos más recientes ocurrieron en agosto pasado en el departamento del Guaviare (centro-sur), donde 34 militares fueron secuestrados por campesinos, y en septiembre otros 45 corrieron la misma suerte en el Cauca (suroeste). En ambos casos, todos fueron liberados días después con la mediación de misiones humanitarias.

Tras el caso de este domingo en el Chocó, el Ejército hizo “un llamado urgente, respetuoso y perentorio a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación”.

El secuestro de los militares se produjo el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas y de fin de año, una decisión que contrasta con la escalada de ataques y de intimidación de los últimos días en distintas regiones del país.

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El cese al fuego comenzará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo al respecto que de parte del Gobierno “no existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección del pueblo colombiano”. “La paz no puede depender de la voluntad de los criminales; la paz se construye con la fortaleza del Estado para que esas amenazas no existan”, manifestó el ministro en su cuenta de X.

Suárez, sitiado por los grupos armados

Pero allí no termina todo, el municipio de Suárez ha sido epicentro -como lo ha sido en repetidas ocasiones- de una escalada violenta aún cuando el pueblo compartía en sana convivencia un partido de fútbol de un torneo local.

Un ataque armado se presentó la tarde de este 21 de diciembre a la estación de Policía del municipio caucano, sin que se conozca -hasta la noche del domingo- si el hecho dejó víctimas.

Este nuevo hecho violento se da luego del reciente anuncio del presidente Gustavo Petro en el que manifestaba que se tomarán “correctivos” tras los ataques de grupos armados ilegales en otra municipalidad caucana, Buenos Aires.