Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, ‘Simón Trinidad’, uno de los antiguos integrantes más visibles de las extintas Farc, radicó una solicitud formal de acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, relacionado con secuestros cometidos en el conflicto armado.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió la nueva solicitud de acreditación dentro del macrocaso 06, que investiga los secuestros perpetrados durante el conflicto armado.
La abogada Sara María Triana Lesmes radicó el documento ante la Sala de Reconocimiento, actuando como apoderada del excomandante guerrillero, quien permanece recluido en Estados Unidos cumpliendo una pena de 60 años por el secuestro de tres contratistas norteamericanos en 2003.
Durante los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, en 2016, insistieron en que Palmera hiciera parte de la mesa de negociación, pero el gobierno estadounidense negó cualquier autorización para su traslado.
La petición de acreditación fue presentada por su defensora debido a la situación jurídica y de reclusión del exjefe guerrillero, sin embargo, incluye un manuscrito elaborado por él desde prisión.
En el escrito, Palmera afirma que la información entregada a la JEP es auténtica y pide que se le reconozca como víctima directa e individual de hechos vinculados al conflicto. Además, aclara que no ha presentado solicitudes similares ante esa jurisdicción.
Asimismo, el formulario entregado detalla que no tiene actividad laboral actualmente y que figura en el Registro Único de Víctimas (RUV), condición con la que busca respaldar su aspiración de ser tenido en cuenta dentro del proceso.
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La Sala de Reconocimiento revisará ahora la documentación para verificar si cumple con los requisitos fijados en la Ley 1922 de 2018. Si la petición es aceptada, ‘Simón Trinidad’ obtendría el estatus de víctima en el macrocaso de secuestros, lo que le permitiría intervenir en las etapas posteriores del proceso, presentar observaciones, asistir a audiencias y aspirar a medidas de reparación restaurativa.
La decisión deberá conocerse en los próximos meses, conforme avanza la acreditación de víctimas en los macrocasos que adelanta la justicia.
