La entrada en vigor del Decreto 858 y la Resolución 1789 de 2025, que reglamentan el nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo del Gobierno, podría generar fuertes traumatismos en el sistema de salud. Así lo advirtió este lunes 29 de septiembre el centro de pensamiento ‘Así Vamos en Salud’, que proyecta que en los próximos seis meses cerca de 2,3 millones de usuarios, el 4,4% de los afiliados, deberían cambiar de EPS.
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La reorganización plantea dividir el aseguramiento en diez regiones y 119 subregiones funcionales. No obstante, el informe técnico advierte riesgos inmediatos para los pacientes, el acceso a servicios básicos y la estabilidad de las entidades aseguradoras.
Uno de los puntos más críticos señalados en el análisis es la pérdida de la libre elección de EPS. Los usuarios no podrán escoger la entidad a la que desean afiliarse, sino que serán reasignados con base en criterios territoriales establecidos por la norma.
El traslado masivo recuerda a los procesos de liquidación de EPS ocurridos en el pasado, con la diferencia de que ahora se trata de una reorganización administrativa y no de una crisis financiera.
“Los pacientes no solo perderán la EPS que eligieron, sino que desconocen cuál entidad asumirá su atención. Esa incertidumbre, en sí misma, ya vulnera un derecho esencial”, señala el documento.
El rediseño territorial no afectará por igual a todas las aseguradoras. De acuerdo con las simulaciones sobre la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), las entidades intermedias son las más perjudicadas, Cajacopi perdería el 30,5% de su población afiliada, Coosalud el 17,8%, Asmet Salud el 17,1% y Famisanar el 13%.
En contraste, las tres grandes EPS privadas (Sanitas, Sura y Salud Total), tendrían una reducción de apenas entre 1,3% y 3,8% de sus afiliados, mientras que la Nueva EPS, que concentra más de 11,7 millones de usuarios, no perdería ninguno debido a la excepción que protege a las entidades con más del 20% de la afiliación nacional.
Paradójicamente, las EPS pequeñas (con menos de un millón de usuarios) saldrían bien libradas, pues la norma permite que mantengan presencia en las zonas donde ya operan, incluso si superan el límite máximo de entidades por subregión.
Otro de los cambios introducidos por la Resolución 1789 es que la habilitación ya no se define municipio por municipio, sino por subregiones completas. Esto implica que si una EPS obtiene autorización en una subregión, automáticamente deberá atender todos los municipios que la componen, aunque nunca haya prestado servicios allí.
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Esto obligará a entidades como Capresoca, que pasa de operar en 36 municipios a cubrir 175, o Sanitas, que amplía su presencia de 415 a 646. En contraste, aseguradoras intermedias como Cajacopi pasarán de 342 a 116 municipios; Coosalud, de 297 a 143; y Salud Total, de 442 a 291.
El observatorio concluye que la implementación del nuevo modelo de aseguramiento generará un reacomodo profundo en el sistema de salud, con impactos directos sobre millones de pacientes y con riesgos que aún no tienen soluciones claras.
