La expedición del decreto 0858 del 30 de julio de 2025, mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro establece un nuevo modelo de salud preventivo para, entre otros aspectos, fortalecer la atención primaria en salud a lo largo y ancho del territorio, no ha caído bien en sectores médicos, económicos y políticos del país.
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Por un lado, actores directos del sistema consideran que este movimiento del ejecutivo empeorará las actuales condiciones financieras de los centros asistenciales, lo que incidiría directamente en la ya criticada prestación del servicio. Por el otro, integrantes independientes y de oposición consideran que el oficialismo está imponiendo sus reformas por encima del Congreso de la República, donde en la actualidad no hay ambiente para discutir el proyecto en mención. Cabe recordar que el proyecto de ley para reformar el sistema de la salud se encuentra en la comisión séptima del Senado, una célula legislativa que actualmente es presidida por el senador liberal Miguel Ángel Pinto, un recio opositor de esta iniciativa.
Sin embargo, desde la Casa de Nariño aclararon que el decreto hace parte de las medidas que el Gobierno Nacional ha venido adelantando para mejorar la prestación de los servicios de salud en el corto y mediano plazo, “sin que ello implique sustituir el debate democrático y amplio que continuará en la Comisión Séptima del Senado sobre los cambios estructurales que requiere el sistema”.
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“La discusión legislativa sobre la reforma a la salud seguirá su curso institucional, mientras que el presente decreto se limita a desarrollar lo ya aprobado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. El nuevo modelo del que habla el decreto busca reorganizar los servicios de salud para hacerlos más cercanos y resolutivos, especialmente en los territorios más apartados. Su implementación permitirá fortalecer el primer nivel de atención, optimizar el uso de los recursos y priorizar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, acciones indispensables en medio de la crisis de desfinanciación que atraviesa el sistema debido a las dificultades que experimenta el modelo de intermediación actual”, explicó el Ministerio de Salud.
De acuerdo con la cartera en mención, el objetivo es la conformación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), que articularán prestadores públicos, privados y mixtos para reducir la fragmentación en la atención.
Reparos
La senadora Norma Hurtado, del partido de la U, coordinadora ponente de la reforma a la salud, cuestiona que el Gobierno insiste en promover una reforma sobre aspectos que, según ella, ya han sido regulados durante las últimas tres décadas.
“Por ejemplo, la estructura de gobernanza del sistema ha sido objeto de desarrollo normativo desde hace más de 30 años; el aseguramiento y el talento humano en salud fueron regulados en las Leyes 1122 y 1164 de 2007, y la Atención Primaria en Salud fortalecida desde la Ley 1438 de 2011. El decreto recientemente expedido retoma buena parte de esa normativa y del modelo de salud basado en atención primaria que ha sido impulsado por la comunidad internacional desde los años 70, con respaldo de la OMS y la OPS, precisamente por su potencial para mejorar los indicadores de salud. Por ello, el cuestionamiento no es de fondo, sino de forma: el problema no es el modelo preventivo y predictivo en sí, sino la forma unilateral, sin concertación, con la que se pretende implementarlo. La discusión debería centrarse en la viabilidad técnica y financiera de su ejecución, y en la ausencia de una ruta democrática que permita la articulación con los actores del sistema y con el Congreso”, explicó a EL HERALDO.
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Renglón seguido, la legisladora señaló: “es claro que al adoptar un modelo preventivo, predictivo y resolutivo, con despliegue de equipos básicos, el sistema encontrará mayor carga de enfermedad entre los colombianos, producto de la negligencia de la que han sido víctimas a través de la negación de atenciones y provisión de medicamentos. En consecuencia, ¿no hubiera sido más costo-eficiente fortalecer el sistema existente y no dejar agravar la salud de nuestra población mientras paralelamente se fortalecía la atención primaria? Ahora, me pregunto ¿cómo se pagará la resolución de la carga de enfermedad que inevitablemente se encontrarán?”.
Por su parte, Nadia Blel, presidenta del partido Conservador, consideró que el Gobierno ha sido incoherente al expedir un decreto que “no solo desconoce al legislativo sino que excede su potestad reglamentaria”.
“Modificar de esta manera el sistema de salud no solo es una falta de respeto a la institucionalidad: es una peligrosa señal de desprecio por la democracia y por los colombianos que representamos, es una muestra clara de que a este gobierno no le interesa el diálogo ni el consenso, sino la imposición”.
En este sentido, la senadora solicitó a la Procuraduría, a la Contraloría, y la Defensoría la adopción de medidas especiales preventivas para “salvaguardar la salud de los colombianos y los recursos del sistema”.
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A su turno, Miguel Ángel Pinto, presidente de la corporación, explicó que harán un nuevo intento de concertar la reforma con el Gobierno.
“Ellos quieren imponer un articulado y lo que nosotros queremos es que hagamos el debate, que escuchen las diferentes posiciones (…) aquí el objetivo es que logremos sacar una reforma que le sirva a todos los colombianos”, dijo.
Otros reclamos
Tras la expedición del decreto, diferentes organizaciones médicas y de pacientes mostraron su preocupación por la falta de claridad del Gobierno con respecto a la definición de los rubros para su implementación. En este sentido, advirtieron que el nuevo modelo –que no fue concertado– generaría nuevos descalabros financieros a los ya golpeados actores del sistema.
“El Gobierno implementa la ley, la reforma a la salud vía decreto y sin plata adicional, transforma porque implementa los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), el modelo preventivo y predictivo, pero no dice de dónde vamos a tener recursos adicionales para hacer esto”, denunció el vocero de pacientes Colombia, Denis Silva.
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Además, la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Ana María Vesga, anunció que demandará el decreto 0858.
“No resuelve ni mejora los problemas de los pacientes y lo desfinancia aún más. El decreto genera grandes problemas de constitucionalidad”, aseguró.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), por su parte, señaló que el decreto implica “un inmenso desorden en el sistema” y no hay claridad alrededor de cómo va a ser la financiación y los servicios que se pretenden incluir”.
“La irresponsabilidad, desde tal tamaño, que ni siquiera se tomaron el trabajo de entender de dónde provendrán los recursos para poder atender el sistema, ni tampoco se tomaron el trabajo de pensar el efecto en los trabajadores de la salud que viene en este momento, (es) un inmenso riesgo en su estabilidad”, criticaron.
Por último, María Claudia Lacouture, presidente de Amcham, aseguró que la iniciativa del ejecutivo no resuelve los actuales problemas del sistema, sino que, al contrario, deja muchas más dudas de cara al futuro.
“No mejora el acceso a servicios, no garantiza tratamientos y no asegura recursos para que el sistema funcione. Colombia sí necesita una reforma a la salud, pero una bien hecha, con legalidad, soluciones reales y pensando en los pacientes. No impuesta por decreto”, explicó.
