La Procuraduría General de la Nación consideró que no existen “condiciones drásticas” que ameriten la interrupción del proceso de licenciamiento ambiental para el proyecto “Perforación Exploratoria de Hidrocarburos Costa Afuera en el Bloque COL-1, Caribe Colombiano” (Komodo-X1), por lo que ha solicitado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) levantar la suspensión del trámite administrativo.
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La suspensión fue solicitada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el objetivo de someter el proyecto al análisis del Consejo Técnico Consultivo debido a su alta complejidad técnica y ambiental.
Finalmente, la solicitud fue aceptada y la orden de suspensión se emitió mediante Auto 5942 del 26 de julio de 2024.
La Procuraduría argumenta, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, que “para la fecha en que se ordenó dicha suspensión ya se había completado la evaluación técnica del estudio de impacto ambiental por parte de las autoridades competentes”.
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En ese sentido, el ente considera que no existían motivos suficientes para retrasar el proceso de licenciamiento ambiental.
“El Ministerio Público también advirtió que la prolongada suspensión del proyecto podría tener graves consecuencias para la economía y la seguridad energética del país, especialmente considerando la actual crisis hídrica y la necesidad de diversificar las fuentes de energía ante la disminución en los niveles de los embalses”, agrega la PGN en un comunicado.
Asimismo, recordó la inversión de más de 35 millones de dólares realizada por Ecopetrol en actividades preparatorias, “que representan un importante compromiso del patrimonio nacional”.
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“Esta Procuraduría no comprende la razón por la cual continúa suspendido el trámite, por cuanto no se evidencian condiciones drásticas que ameriten la interrupción de la actuación y la pronta decisión de esta solicitud de licenciamiento ambiental, siendo que ya la Autoridad cuenta con los suficientes elementos de juicio técnicos y jurídicos en la evaluación del estudio de impacto ambiental”, sostuvo Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
