Una reunión que se extendió por más de tres horas entre la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, concluyó sin consensos sobre el futuro de las órdenes de captura que pesan contra miembros del Clan del Golfo, dentro de la estrategia de ‘Paz Total’ impulsada por el Gobierno nacional.
Durante el encuentro, uno de los temas centrales fue la petición del Ejecutivo para suspender las órdenes de captura de 29 jefes del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con el objetivo de avanzar en la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
Sin embargo, la fiscal Camargo mantuvo su posición de no acceder al levantamiento de dichas órdenes, argumentando que todavía no existen garantías claras ni elementos verificables que permitan establecer un verdadero compromiso de paz por parte de esa organización ilegal.
La reunión se produjo en medio de las diferencias que persisten entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Fiscalía General de la Nación alrededor de la ejecución de la política de ‘Paz Total’.
Por otro lado, la postura de la Fiscalía ya había sido expresada en la Resolución 00142 del 11 de mayo de 2026, documento en el que el ente investigador indicó que no es viable conceder beneficios judiciales sin pruebas suficientes sobre un eventual proceso de desarme y desmovilización.
“La ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”, expresó la Fiscalía.
Entre los nombres incluidos en la solicitud figura alias Chiquito Malo, considerado uno de los máximos cabecillas del EGC y además solicitado en extradición por autoridades de Estados Unidos.
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La Fiscalía insistió en que cualquier determinación relacionada con beneficios judiciales debe contemplar las solicitudes internacionales vigentes y las implicaciones legales derivadas de ellas.
Aunque ambas partes sostuvieron el diálogo y expusieron sus argumentos, la reunión terminó sin decisiones concretas ni modificaciones en las posiciones iniciales. Lo único confirmado es que los nombres de extraditables no se van a incluir en nuevas peticiones.
Finalmente, el Gobierno continúa promoviendo las Zonas de Ubicación Temporal como mecanismo dentro de la estrategia de sometimiento, mientras la Fiscalía recalca que cualquier avance debe contar con una verificación rigurosa, trazable y completa del proceso.
