El Heraldo
Cesar

Menores abusados en hogar de paso: el caso que conmociona al Cesar

El establecimiento que tenía la misión de proteger y restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados, sirvió de sitio a sus directivos para someter a vejámenes sexuales a los menores. 

Paradójicamente la Fundación para la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, Fundinaj, en Valledupar, que tenía la misión otorgada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, de proteger a 70 niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 18 años, con derechos amenazados o vulnerados, terminó siendo un internado del ‘infierno’ para los menores, que fueron objetos de maltratos físicos y psicológicos, y en casos conocidos, por los cuales están en prisión sus directivos, de acceso carnal y actos sexuales violentos. 

Poco más de un año atrás de que presuntamente comenzaran los abusos sexuales en el hogar de paso que era operado por Fundinaj, el Icbf, le había renovado la licencia a esta entidad tras solicitud de su representante legal para desarrollar la modalidad de internado, tal como consta en la Resolución 1635 del 25 de junio de 2019 expedida por el instituto. 

El mismo instituto ya le había reconocido personería jurídica a esta fundación mediante Resolución 1993 del 27 de diciembre de 2011, renovando su licencia de manera provisional para ejecutar convenios para la protección de menores en condición de calle, drogadicción o abuso sexual. 

Luego de una rigurosa visita a las instalaciones del establecimiento, casa Villa Janeth unidad campestre en Valledupar, el Equipo Interdisciplinario de Licencia de Funcionamiento de la regional Cesar del Icbf, verificó los requisitos legales, financieros y técnico-administrativos de la entidad, y tras su revisión y validación por profesionales de la oficina de Aseguramiento de la calidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se emitió concepto favorable, renovando la licencia de manera provisional para que operara como internado. 

Vejámenes sexuales

De acuerdo con la investigación que hoy tiene tras las rejas a Rober Fernández Tovar, representante legal de la Fundación para la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, a su esposa Rosa Virginia Laguna, quien fungía como directora del establecimiento, y a su hermano Lenín Fernández Tovar, coordinador de la misma, los abusos sexuales habrían iniciado en noviembre de 2020. 

Fue el mismo Grupo Élite Guardianes de La Niñez del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el que alertó a la Fiscalía sobre las irregularidades que se venían cometiendo en el lugar. El ente de investigación activó la ruta en coordinación con el Icbf, y obtuvo el relato de una joven que había ingresado el siete de mayo de 2020 a ese hogar de paso, en busca de protección, ante un posible abuso sexual por parte de su padre biológico. 

Según la Fiscalía su permanencia en ese lugar sería por unos 30 días, pero la mantuvieron, bajo la modalidad de internado, por nueve meses; y en ese tiempo, entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, fue víctima de los vejámenes sexuales, según denunció. 

“Comenta la menor que los abusos iniciaron en noviembre de 2020, así lo reitera tanto en la denuncia, como en el relato del informe del médico legista y la entrevista forense, indicando que la obligaban a presenciar cuando los esposos Rober y Rosa, sostenían relaciones sexuales, y a que mirara videos pornográficos en las oficinas de la Fundación; otras veces Rober la acosaba con palabras insinuantes y miradas obscenas, y que en una oportunidad la llevaron a Cartagena, sin permiso del Icbf, para tener sexo, a lo que ella se negó, tomando represalias entonces ignorándola y excluyéndola de todas las actividades en el hogar de protección”, relató la fiscal del caso Yesenia Mazeneth.  

Señaló la víctima, que, en otras ocasiones bajo engaños, diciéndole que la iban a llevar a casa de su madre o a citas médicas, la sacaban del hogar, y en una oportunidad la trasladaron a un motel donde la accedieron carnalmente, y la amenazaron que no fuera a decir nada, porque nadie le iba a creer.  

También sostuvo que otra oportunidad Rosa y Rober la llevaron a su casa, donde le dieron tragos de licor, obligándola a verlos tener relaciones sexuales.  

En cuanto a la participación de Lenín Fernández, sostuvo la Fiscalía que le tocaba las partes íntimas cuando estaban en el establecimiento. 

Otro testimonio

 Al caso de la joven que destapó el escándalo, se sumó el testimonio de otra menor que habría sido abusada sexualmente por los directivos de la Fundación. 

En entrevista forense, la menor contó que le mostraban videos pornográficos, la obligaban a tener relaciones con ellos, y en una ocasión la llevaron al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede del barrio San Martín, a colocarle un implante para que no quedara embarazada.  

El relato fue revelado durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Rober Fernández Tovar, su esposa Rosa Virginia Laguna, y su hermano Lenín Fernández Tovar.  

La menor contó a la Fiscalía que “ahí estaba el señor Lenín, ese señor me decía que tuviera confianza en él, me tocaba los senos, me decía que tuviera sexo con él, intenté comunicarme con mi defensora y nunca me dejaron llamarla, en esa Fundación todos los trabajadores saben lo que está sucediendo”. 

Ante la contundencia de los testimonios y las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Juzgado Tercero Penal de Valledupar con funciones de control de garantías, determinó cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a estas tres personas, considerándolas un peligro para la sociedad y las víctimas. 

“Actuaron con dolo, ejerciendo, presuntamente, violencia psicológica y física. Lo que hicieron fue revictimizar a las menores, esto teniendo en cuenta que el objeto de la Fundación era brindar protección y acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual”, puntualizó la fiscal. 

Intervienen la Fundación

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) intervino la Fundación para el Desarrollo de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud, Fundinaj, reubicando a los 70 niños y niñas que estaban recibiendo atención en el lugar. 

La directora general del Ibf, Lina Arbeláez, indicó que los menores fueron puestos bajo protección para garantizar el restablecimiento de sus derechos. 

“Esto fue un resultado de la pronta reacción del Grupo Guardianes de la Niñez del Icbf y la Fiscalía; de una situación a todas luces inconcebibles contra un grupo de 70 niños, niñas y adolescentes que fueron puestos bajo protección del instituto por la vulneración de sus derechos y violentados por un operador de servicios que habría incurrido en delitos de violencia física, psicológica y sexual", explicó. 

La funcionaría en compañía de la Consejería para la Niñez, realizó un recorrido para verificar el estado de los niños que presuntamente fueron abusados por los miembros de esta fundación. 

Señaló que los niños están recibiendo la atención requerida para cada caso, de tal manera que puedan continuar con los procesos para el restablecimiento de derechos. 

Entre tanto, se inició el proceso sancionatorio para revisar si hay lugar a la cancelación de la personería jurídica de la fundación y el cierre definitivo del establecimiento.

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