JEP acepta a 12 exmilitares procesados por ‘falsos positivos’ en Cesar
Los exsoldados pertenecían al Batallón La Popa cuando ocurrió la muerte extrajudicial de tres jóvenes oriundos de Baranoa, Atlántico.
La Justicia Especial para La Paz, JEP, aceptó en su jurisdicción el sometimiento de 12 exmilitares del Batallón La Popa que vienen siendo procesados por un Juzgado en Valledupar como presuntos responsables de ‘falsos positivos’ en el norte del Cesar, según informó en su portal W Radio.
Los exsoldados, que hicieron parte de la unidad militar en Valledupar en 2005, de acuerdo con la investigación, habrían participado en la ejecución extrajudicial de tres jóvenes procedentes de Baranoa, Atlántico, quienes bajo engaños presuntamente fueron trasladados al Cesar, con la promesa de trabajar en una finca cafetera.
Presuntos reclutadores trajeron a las víctimas para que supuestamente recogieran café, pero un día después de llegar a Valledupar fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate con fuerzas militares.
Las víctimas fueron identificadas como Roberto Taguer, Cristian Santiago y Deybis Pacheco, quienes inicialmente fueron sepultados como N.N.
La JEP determinó que “dándose lugar a tres bajas, actuar que se podría tomar como quiera que coincide con otros de la misma naturaleza por parte de la fuerza pública, en lo que ha sido denominado falsos positivos”.
Crímenes de guerra
Por otro lado, la Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del Ejército que hicieron parte del Batallón de Artillería No.2 La Popa entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, dentro del subcaso Costa Caribe, una de las seis zonas priorizadas del caso 03, denominado 'Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado'.
Los 15 miembros del Ejército (dos tenientes coroneles, tres mayores, un teniente, dos subtenientes, dos sargentos primero, un sargento viceprimero, un cabo tercero y tres soldados profesionales) fueron declarados máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
Al contrastar la información que hace parte del acervo probatorio, la JEP determinó que cada uno de los imputados tuvo un rol esencial en la configuración de los patrones criminales y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal.
Por eso la Sala de Reconocimiento les imputó los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el Código Penal colombiano, así como los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas, y el crimen de guerra de homicidio.
La Sala determinó que existió un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en relación con estos hechos.
