En medio de la controversia por la prórroga de la intervención a la Nueva EPS, la Procuraduría General de la Nación inició una inspección a la entidad para esclarecer posibles irregularidades en el proceso.
La diligencia fue ordenada por el procurador general, Gregorio Eljach, quien solicitó recolectar pruebas y revisar documentos que permitan determinar si la extensión de la medida se ajustó a la ley. Según se conoció, el ente de control evaluará si hay lugar a abrir investigaciones disciplinarias contra funcionarios involucrados.
Las dudas se centran en la forma en que la Superintendencia habría tramitado la prórroga, ya que, al parecer, se expidió sin cumplir todos los requisitos, entre ellos el aval del Comité de Medidas Especiales y con inconsistencias en el acto administrativo.
La inspección también busca verificar denuncias internas que advierten posibles fallas en el procedimiento y en decisiones clave, como la designación del nuevo agente interventor.
Esto ocurre luego de que la Superintendencia decidiera extender por un año más la intervención sobre la Nueva EPS, argumentando problemas financieros y operativos que aún no han sido superados.
Sin embargo, los propios superintendentes delegados de la Supersalud advirtieron ante el Ministerio Público las posibles irregularidades en la decisión, lo que profundizó la polémica alrededor del manejo de la entidad.
Las dudas
El pasado 10 de abril, el Comité sesionó sobre el futuro de la Nueva EPS, y la superintendente ad hoc para esa entidad de salud, Luz María Múnera, manifestó su decisión de prorrogar la toma forzosa.
El comité, por unanimidad, se opuso, precisamente porque no existía ningún informe de la Dirección de Inspección y Vigilancia.
El mismo 10 de abril, la Superintendencia expidió la resolución que ordena intervenir la Nueva EPS, descartando la postura del comité y manifestando que en la sesión de ese día “se decide la toma de posesión e intervención forzosa administrativa”.
En el reciente informe dirigido al Ministerio Público, la Supersalud solicitó no tomar “decisiones que no cuenten con el debido soporte técnico”.
El documento también advierte que lo ocurrido podría contradecir principios básicos del debido proceso administrativo, al no respetarse los pasos técnicos requeridos antes de adoptar una medida de este alcance.
En paralelo, se evidenció un empeoramiento en la situación financiera de la EPS durante el periodo de intervención. Las deudas relacionadas con servicios de salud crecieron significativamente, al igual que las obligaciones pendientes con clínicas y hospitales.
Finalmente, el informe menciona cuestionamientos sobre el perfil del actual agente interventor, Jorge Iván Ospina, indicando que, aunque cuenta con formación médica, no cumpliría con todos los requisitos de experiencia exigidos para asumir esa responsabilidad.
Versión de Quintero
Luego de que se conociera que asumirá como superintendente de Salud, en reemplazo de Bernardo Camacho, Daniel Quintero aseguró en sus redes sociales que estando al frente de la entidad va a “desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”.
Por medio de una publicación en su cuenta de X, además de un video, el ex alcalde de Medellín indicó que sabe del reto que tiene por delante, pero prometió que se basará en la tecnología para “darles a los colombianos el derecho verdadero y fundamental a la salud”.
“La salud en Colombia necesita un reseteo contra la corrupción, pero además una reingeniería con tecnología para darles a los colombianos el derecho verdadero y fundamental a la salud. Sé del reto que tenemos desde la Supersalud. Como alcalde de Medellín, manejamos con éxito la peor crisis de salud del último siglo, la pandemia. Pero además soy padre de una niña trasplantada cuya vida depende de que le lleguen las medicinas”, dijo Quintero en un video.
Se refirió también a la corrupción dentro de la entidad: “Quiero en esto ser tan claro como sea posible, así como fue mi talante como alcalde de Medellín para denunciar la corrupción de Hidroituango sin precio y sin miedo y sin importar la persecución, haré vigilancia y control para castigar a los que se están robando el sistema de salud. Por eso la tecnología va a ser una herramienta clave y vital para lograrlo. Hago desde ya un llamado a los ingenieros expertos en inteligencia artificial big data para que me acompañen en este proceso”.
El oficialismo se fractura por el regreso de Daniel Quintero
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, lanzó fuertes críticas frente al papel que se le estaría otorgando en la Supersalud a Daniel Quintero Calle dentro del proyecto político del Gobierno.
Carrillo afirmó que esta decisión representa “un yerro enorme” y aseguró que su postura responde a un deber moral. En ese sentido, sostuvo que la verdadera lealtad con el presidente Gustavo Petro implica expresar críticas con franqueza, incluso cuando resulten incómodas dentro del propio movimiento.
El funcionario también planteó una reflexión más amplia sobre el rumbo de la izquierda en el país. Además, señaló que este sector político, por su naturaleza crítica y contestataria, “no puede caer en actitudes complacientes ni repetir errores de experiencias en otros países de América Latina”, donde —según indicó— la corrupción ha terminado debilitando los proyectos políticos.
En ese contexto, mencionó que Quintero enfrenta procesos judiciales por presuntos delitos contra la administración pública, subrayando que, si bien tiene derecho a la defensa, el Pacto Histórico no debería asumir los costos políticos derivados de esa situación.
