La Procuraduría General de la Nación dejó sin efecto la suspensión provisional de once dragoneantes del Inpec vinculados a la fiesta realizada en la cárcel de Itagüí, Antioquia, tras establecer irregularidades en el proceso disciplinario que dio origen a la medida. La decisión implica que los funcionarios puedan retomar sus funciones mientras se redefine el curso de la investigación.
El caso se remonta a un evento ocurrido al interior del centro penitenciario, en el que participaron cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá. En la celebración hubo presencia de artistas —entre ellos Nelson Velásquez—, ingreso de personas externas, consumo de licor y uso de equipos de sonido, lo que evidenció fallas en los controles del establecimiento.
La decisión del órgano de control se fundamenta en la nulidad del proceso disciplinario inicial, luego de identificar que no se respetó la secuencia legal establecida para este tipo de actuaciones. Según lo determinado, se adelantaron de manera simultánea la indagación previa y la apertura formal de la investigación, lo que constituye una vulneración al debido proceso.
El documento señala que es indispensable que, desde el inicio, se definan con claridad los hechos que sustentan la investigación. En ese sentido, advierte que el investigado debe conocer “cuáles son los hechos disciplinariamente relevantes que soportan la investigación en su contra”, con el fin de garantizar su derecho de defensa.
La falta de precisión en esta etapa inicial llevó a que las decisiones adoptadas posteriormente, incluida la suspensión provisional, quedaran sin sustento jurídico.
Procuraduría exige individualizar conductas en investigación disciplinaria por caso de cárcel de Itagüí
Otro de los aspectos cuestionados por la Procuraduría tiene que ver con la forma en que se plantearon las posibles responsabilidades. El ente de control advirtió que, en casos con múltiples implicados, las conductas deben evaluarse de manera diferenciada, teniendo en cuenta las funciones específicas de cada servidor.
El documento indica que estas deben valorarse “acorde con los deberes funcionales de cada uno de los posibles responsables”, y no de forma general. La omisión de este criterio afecta tanto la determinación de responsabilidades como las garantías procesales de los investigados.
Además, se resalta que una descripción clara y concreta de los hechos permite a los involucrados ejercer adecuadamente su defensa e incluso acceder a beneficios dentro del proceso, como la aceptación de cargos o reducciones de sanción.
La investigación por fiesta en cárcel de Itagüí deberá rehacerse con criterios claros desde el inicio
Con la nulidad declarada, el proceso disciplinario deberá retomarse bajo parámetros ajustados a la normativa vigente. La Procuraduría enfatiza que la relevancia disciplinaria de los hechos debe definirse desde el momento mismo en que se ordena la apertura de la investigación.
Esto implica establecer de forma clara qué ocurrió, cómo se enmarca dentro de una posible falta disciplinaria y cuál es la participación individual de cada funcionario involucrado. Solo a partir de esa base será posible avanzar hacia etapas posteriores como la formulación de cargos.
