La Fiscalía Quinta seccional de Valledupar imputó cargos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contrato, al secretario general de la Alcaldía de este municipio, José Juan Lechuga, y al contratista Jorge Luis Fuentes, representante legal de la Fundación Acción Social Integral, por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en 2016.

La diligencia se llevó a cabo este martes en el Juzgado Cuarto Penal municipal con funciones de control de garantías, donde la Fiscalía relacionó que a raíz de los hallazgos realizados por la Contraloría General de la República en ese proceso contractual y su ejecución, se inició una investigación penal por un posible detrimento de más de 455 millones de pesos.

Los hechos dan cuenta de presuntas irregularidades en la estipulación y pago por concepto de estampillas del convenio 001 de 2016 suscrito entre el municipio de Valledupar y la Fundación Acción Social Integral, cuyo objeto era: “Aunar esfuerzos técnicos y económicos para el desarrollo de acciones para la implementación del programa de alimentación escolar -PAE- con destino a los estudiantes de instituciones educativas ofíciales del municipio de Valledupar para la vigencia 2016”, por valor de $12 mil 312 millones, en un plazo de 139 días.

La investigación evidenció que se incrementó el porcentaje del valor a cobrar por los conceptos de estampillas de Pro Cultura, Pro Bienestar Adulto Mayor y Pro Universidad Popular del Cesar, llegando a un 11%, cuando según el Acuerdo 031 de 29 de diciembre de 2014, se estipulaba que el porcentaje debía ser en total del 6.5%.

Según la Fiscalía se aumentó dolosamente el valor de la ración diaria por un valor cercano al 5 % lo que ocasionó un incremento injustificado del costo total del convenio por la suma de 455 millones 750 mil pesos, causando un posible detrimento al ente territorial a favor del contratista, sumado a esto a que el dinero nunca fue devuelto a las arcas municipales.

Para el ente investigador, también se presentaron irregularidades en la contratación, teniendo en cuenta que esta se hizo bajo la modalidad directa de convenio interadministrativo, cuando debió hacerse en conformidad y objeto de contratación pública como lo señala la Ley 80 de 1983 que habla de la licitación y permite la oferta del bien o servicio.

Tanto el secretario General de la Alcaldía de Valledupar, José Juan Lechuga como el representante legal de la firma contratista Jorge Luis Fuentes fueron llamados a interrogatorio, y luego la Fiscalía le imputó los cargos a los que no se allanaron. En la diligencia no hubo solicitud de orden de captura para los procesados, considerando el organismo que no hubo méritos para requerir medida de aseguramiento. No obstante, el fiscal del caso indicó que ahora tiene 90 días para realizar la audiencia de acusación.