Por permitir que el ‘clan de los Quiroz’ adelantara una serie de construcciones ilegales con licencias falsas que terminaron por afectar a un grupo de familias en esta capital, la jueza Tercera Municipal de Garantías, Yuri Ponce, determinó que tanto el concejal Rodrigo Reyes como el exalcalde de la Localidad 3, Pedro Buendía Elles, y el funcionario Jorge Cudris fueran cobijados con medida de aseguramiento intramural.
Con estas disposiciones concluye la segunda fase de la operación Castillos de Arena, adelantada por la Fiscalía, en función de que se esclarezca la red de ilegalidad que coadyuvó para la construcción de las edificaciones ilegales en esta capital.
Por parte del ente investigador ya avanza la tercera parte de estas acciones en las que se vislumbran nuevas capturas de funcionarios.
Lo que quedó en evidencia por parte de la Fiscalía con relación a Reyes, Buendía y Cudris, es que estos funcionarios habrían recibido coimas o dádivas de manos de los Quiroz para que no se adelantaran los debidos controles en la ejecución de las obras que, a la postre, se determinaron tendrían fallas estructurales que afectaron a más de 100 familias que decidieron invertir sus patrimonios en la compra de estos apartamentos.
Por tratarse de funcionarios en ejercicio al momento en que cometieron los delitos, los tres serán trasladados a la cárcel de Sabanalarga, en el departamento del Atlántico. La jueza determinó que los tres implicados estarían comprometidos en la comisión de delitos de Urbanización Ilegal y cohecho propio.
Los argumentos presentados por la defensa de los tres funcionarios no fueron tenidos en cuenta por la juez, quien decidió no tomar los argumentos en los que se solicitaban la detención domiciliaria pues si este derecho se daba pueden influir con su poder en testigos y documentación clave que se tiene para la investigación en la tercera fase.
Superintendente se pronuncia
Por su parte, el Superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Meza, ratificó que se tienen identificados 36 edificios construidos con licencias falsas que obedecen a un mismo grupo económico; sin embargo, esta denuncia se amplió por parte del organismo de control para determinar qué hechos originaron esta situación y cuál es el daño que se le está ocasionando a las víctimas que compraron estos apartamentos.
'La Superintendencia claramente demuestra que estos ciudadanos fueron víctimas de una estafa por parte de esta familia', sostuvo el superintendente Jairo Meza, quién ratificó que tras las denuncias interpuestas por el órgano de control se encuentran los mismos constructores que son los Quiroz que falsificaron la licencia, hicieron reglamentos de propiedad horizontal y registraron en la Oficina de Instrumentos de Registros Públicos de Cartagena.
